La primera semana de Junio trajo novedades importantes para el mundo de las alternativas educativas. La legisladora porteña Marina Kienast, del partido Republicanos Unidos, presentó un proyecto de ley de «educación alternativa» que, de aprobarse, blanquearía la educación fuera de la escuela, una modalidad que ya eligen cientos de familias pese a la inseguridad legal para ejercerla en Argentina. El texto puede leerse completo en la web https://marinakienast.com.ar/educacion-alternativa/
«El derecho a la Educación es un derecho fundamental e innegable. Para que la educación sea efectiva para todos los estudiantes, tenemos que poder descentralizarla, flexibilizarla y por sobre todo, personalizarla. Por eso este proyecto contempla dos alternativas que hoy no existen en la Ciudad, y que tranquila y fácilmente podrían adaptarse a nuestro sistema de educación pública: la educación desde casa y las escuelas de gestión autónoma no aranceladas. No se trata de imponer un sistema sobre otro, sino que brindarles a estudiantes, padres y docentes mayores opciones para elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, ofreciendo así más herramientas para dar y recibir educación. Las modalidades propuestas buscan modernizar la Educación pública, lo que de ninguna manera significa deshacernos de ella», aclara.
No es el primer intento de regular esta opción educativa no escolar que existe hace décadas en otros países del mundo (ver cuáles). El anterior fue un proyecto presentado en el Congreso Nacional en 2013, sin suerte (leerlo acá). Llevaba la firma del diputado por la ciudad Julián Martín Obliglio (PRO).
Consultada por AlterEdu, Kienast cree que su iniciativa será difícil de digerir por el resto de los bloques y la política en general. «En la legislatura son bastante reacios y en la comisión también. Incluso hubo padres a los que consulté y no estaban de acuerdo con regular el tema. Yo confío en las elecciones de las familias, pero no es lo habitual. Es un tema que venimos estudiando hace mucho, y creo que los proyectos, aún cuando no se conviertan en ley, al menos abren el debate«, expresó.
-La Ciudad de Buenos Aires, junto con la provincia de Córdoba, son las únicas jurisdicciones donde se puede rendir examen libre para obtener un título educativo oficial. Es un recurso muy valioso para quienes no aprenden como alumnos regulares de una institución o son parte de una que no está autorizada. ¿Pudiste acceder a las estadísticas del ministerio de Educación porteño para saber cuántos rinden libre cada año?
-Teníamos una idea aproximada de 1500, pero eso no muestra cuántos de esos vienen de otras provincias ni los que estudian en escuelas extranjeras. Además, a los que rinden ahora les entregan un certificado que dice el nombre de la escuela pública estatal donde dieron los exámenes. De aprobarse el proyecto, tu diploma diría que aprendiste genuinamente en la modalidad de educación en casa. Creo que es justo que figure en el título. Así como yo elijo el colegio de mis hijos, creo en eso y tiene un propósito, creo en la libertad y la capacidad de otros padres de elegir esta otra forma de educar a sus hijos. Así como otros perfiles de egresados, hay que valorizar las aptitudes que tiene quien aprende en casa.
-En el proyecto se usa el concepto «educación en casa», como en Inglaterra, en vez de «escuela en casa», que es como se llama en Estados Unidos (homeschooling). ¿Fue consciente esa elección?
-Sí, porque realmente el concepto de escuela ya no me termina de cerrar. Se puede, si querés, imaginar una mezcla, donde convivan la educación personalizada y la colectiva. Me cuesta mucho pensar que la escuela sola pueda generar una mejora generalizada que le sirva a todos. Aunque de verdad creo que uno no debería tener que dar muchas explicaciones, mi proyecto tiene algunos requisitos para educar fuera de la escuela. Cumplir con una base curricular que pide el sistema argentino, que el padre o tutor tenga título secundario y que se presente alguna evidencia académica en forma de portfolios, incluida la asistencia a espacios extracurriculares y de socialización. Tuve muchas críticas y me acusan de querer privatizar la educación pública. Pero está bien, porque significa que tengo claro la particularidad y la importancia del proyecto.
-¿Cómo te asesoraste para redactarlo?
-Soy de mirar a muchos lugares y tomar distintas referencias. Hablé con familias del país, con Noel Solís, un padre que educa en casa y fundó «Homeschooling Argentina». Como en Estados Unidos es completamente legal, tomé la referencia de la American Federation for Children, que recopila la legislación school choice de todos los estados norteamericanos.
La propuesta de escuelas «de gestión autónoma»
«Las escuelas de gestión autónoma son escuelas públicas administradas por un privado sin fines de lucro. Lo cual les permite tener una mayor flexibilidad en cuanto a los contenidos, contrataciones, métodos y orientaciones educativas», se explica en la segunda mitad del proyecto sobre educación alternativa.
-Las escuelas «generativas» de San Luis, las «experimentales» de Tierra del Fuego y las pocas de Gestión Social y Cooperativa que están reglamentadas y financiadas por el Estado en algunas provincias ya funcionan de esa forma. ¿No sería más fácil generar consenso para reglamentar en cada jurisdicción esa tercera modalidad de gestión que ya figura en la Ley Nacional de Educación? De hecho, en 2022 el diputado nacional Eduardo Toniolli presentó una ley para eso (leer acá).
-Sí, pero me gustaría que hubiera un marco más amplio más allá de esos casos específicos, una normativa paraguas. Nosotros visitamos ecuelas de fundaciones con donantes que pueden lograr excelencia sin que los alumnos paguen. Pienso en la descentralización del cuerpo docente y ditrectivo, con mayor poder de decisión para atender las realidades en los lugares donde están. Hay que migrar de un ministerio centralizado, con muchas decisiones de programas y cuestiones administrativas, a aumentar las atribuciones de cada escuela.
Puede que reglamentar la GSyC sea más rápido y funcionen como pruebas piloto, el tema es que no sé si tienen la autonomía que yo pretendo. Podrían ser un primer primer paso para una transición. Para mí lo más importante es que la educación atienda a las necesidades. No todos los chicos necesitan doble jornada, por ejemplo.
-El objetivo de la ley, según tu propuesta, es mejorar y ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos, fomentando formas de enseñanza diferentes o innovadoras. ¿Pensaste especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad?
-Si bien visité escuelas con ese perfil de estudiantes y están entre los principales beneficiados, tal como digo en los fundamentos, hice el proyecto pensando de forma más amplia en la realidad de cada uno. Hay contextos muy diferentes en escuelas de gestión estatal y también se ve mucha motivación entre quienes aprenden en casa. Los docentes y directivos tienen que estar preparados para el momento y la necesidad de donde están. ¿Mirá si pudiesen administrar un poco más sus fondos para aplicarlos a lo que necesitan? Eso, incluso, enseñaría a toda la comunidad a cuidar su escuela.
Creo que contar con una oferta escolar más variada será aún más beneficiosa en aquellos contextos socioeconómicos más desfavorables, que tendrán la posibilidad de optar, tal como ocurre en el sector privado.
-Sobre el financiamiento, imagino que esas escuelas autónomas gratuitas, además de fondos del Estado y de organizaciones sin fines de lucro, podrían tener cooperadoras.
-La financiación del Estado sería por cantidad de matrícula, como las estatales y algunas privadas. Creo que en realidad las cooperadoras deberían ser parte del gobierno de la escuela, participar en ciertas decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con cómo gastar, algo que ahora está separado. Entiendo que tenemos otro tipo de sociedad y las escuelas charter de Estados Unidos podrían no ser nuestro modelo, pero creo que podemos logar una participación más alta y más acorde a la necesidad de cada familia y cada comunidad educativa.
-¿Esas escuelas no serían supervisadas por las inspecciones escolares?
-Creo que las supervisiones están muy politizadas. Depende de quién es, lo que te dejan hacer. Pienso que la auditoría tiene que estar en manos de un ente autárquico. Existen un montón de normas internacionales de calidad educativa, que incluso se pueden generar acá localmente, en cada provincia. La auditoría tiene que ser algo serio y transparente, con equipos bien preparados. No sé si municipal o provincial, son todas cosas para pensar.
-Creaste una organización llamada «Libres para aprender», ¿qué objetivos tiene?
-Hablar sobre este tema de la libertad de elección de las distintas metodologías educativas que existen en el mundo y que acá, ni bolilla. Tender puentes entre distintos especialistas, porque soy abogada y no me formé en educación, aunque he ido aprendiendo mucho. Creo que se necesitan no sólo pedagogos, sino también innovadores, neurocientíficos, líderes de otros rubros. A mí me interesa la política pública, quiero generar mesas de diálogo y colaboración para una reforma seria de la normativa educativa.
-¿Podría esa organización incluso, si se aprueba el proyecto, administrar una de estas escuelas autónomas?
-Me encantaría. Fuimos a ver la escuela que Techint tiene en Campana y es maravilloso lo que lograron. También estuvimos viendo los liceos Impulso de Urugay, que tiene un sistema que permite esta mayor autonomía de las escuelas que llaman «privadas no aranceladas«.
-¿Cuál es, para vos, la forma de pasar la Educación de la política partidaria a la política de Estado?
-Es complejo, me la paso hablando de eso y todos me dicen que es imposible. Si lográramos en algún lugar de Argentina hacerlo, entonces con esos ejemplos virtuosos y una sociedad que lo reclame y hable de educación, se podría. ¿Cómo hacemos para que la gente llene las plazas para reclamar por educación? Necesitamos que el pedido no se limite al ámbito de la educación, que otros voceros y actores lo reclamen.
Fundamentos
Además del derecho constitucional de todas las personas a enseñar y aprender, entre la fundamentación de la educación en el hogar del proyecto de Kienast se nombran normativas nacionales e internacionales que atribuyen a padres y madres el derecho preferencial a elegir la educación que darán a sus hijos. En tanto, por las «escuelas de gestión autónoma» propuestas se mencionan como ejemplos las charter de Estados Unidos, las «instituciones educativas con carácter especial» de Colombia y las «escuelas privadas no aranceladas» de Uruguay (leer los fundamentos completos acá).
Ventajas y opiniones
Entre las familias que educan sin escuela, las opiniones están divididas. Algunas prefieren que esta práctica se mantenga fuera del radar de las políticas públicas, precisamente porque huyen del encorsetamiento que los sistemas escolares nacionales han generado en el aprendizaje: estandarización, uniformidad, descarte de la motivación y el interés intrínseco individual, encasillamiento del conocimiento por edad cronológica y materias, imposición de métodos de enseñanza vetustos o incapacidad para abordar las dificultades del aprendizaje y la neurodiversidad .
Otras, en cambio, prefieren el reconocimiento porque significaría dejar de vivir con miedo a las denuncias y los prejuicios de quienes nunca la han experimentado. También, porque permitiría elegirla a aquellas familias con menor posibilidad de defenderse y argumentar ante los funcionarios, o de provincias donde no es posible certificar aprendizajes mediante exámenes libres (casi toda Argentina).
Yo podría desentenderme porque vivo a 20 km de Buenos Aires, donde mi hijo pudo rendir sexto grado libre y obtener sin mayores problemas el título para entrar a una secundaria oficial. Pero sé de familias que viajan distancias ridículas o que no se animan por falta de apoyo y por la condena social. Aún con las pocos requisitos que exige este proyecto, yo apoyo la regulación porque abre un camino que va a beneficiar a muchos y va a contagiar buenas prácticas y nuevo conocimiento pedagógico al sistema escolar convencional. Eso, claro, siempre y cuando alguien esté dispuesto a observar y aprender sin los habituales prejuicios de la academia y el -para mí bastante hipócrita- progresismo escolar.
Con respecto a la propuesta de crear «escuelas autónomas» sin arancel, también estoy de acuerdo. Más allá de los resultados dispares que pueden leerse sobre las experiencias charter en otros países, lo cierto es que proyectos como éste blanquean lo que ya sucede en la vida real: las familias de clase media profesional no eligen cualquier escuela pública de gestión estatal, sino aquellas ubicadas en «buenos barrios», con cooperadoras y proyectos pedagógicos consolidados o «prestigiosas», como los colegios universitarios, los ex-nacionales o los técnicos de primera línea.
Ofrecer la mejor educación posible a los hijos -sea lo que sea que esto signifique para cada uno- es una preocupación elemental de cualquier familia, sin distinción de origen o clase social. Hasta ahora, la historia muestra que sólo los mejor ubicados en la pirámide del capital socioeconómico tienen la posibilidad de elegir. Incluyendo a los políticos y funcionarios que dicen «defender la educación pública» sin animarse a probarla para sus propios hijos.
Sobre la forma de alentar este tipo de escuelas, creo que en lugar de una nueva ley sería más fácil reglamentar las escuelas de Gestión Social y Cooperativas, ya expresamente contempladas en los artículos 14 y 140 de la Ley Nacional de Educación pero sin reglamentar en la mayoría de las provincias. Estas experiencias, junto con las llamadas alternativas y sus diversas miradas pedagógicas, existen en todo el país desde hace un siglo y educan contra viento y marea. Necesitan un golpe de legitimidad y mucha escucha por parte de los funcionarios y académicos de la Educación.
Los políticos y funcionarios no deberían esperar a que llenemos las plazas, sino aprender a escuchar el lenguaje que hablan las alternativas educativas desde siempre. Que, precisamente, no es el de la confrontación. Los cambios culturales, muchas veces, no llevan pancarta.
Imagen de portada: Libresparaaprender.com.ar
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