El 29 de octubre pasado se reunieron en Buenos Aires cerca de 700 personas de escuelas, jardines y espacios educativos no formales, comunitarios y cooperativos de todo el país. Los más antiguos tienen 40 años, mientras que otros acaban de surgir. Sus pedagogías y contextos son diversos, pero todos tienen algo en común: surgieron de abajo hacia arriba y por necesidad de crear espacios donde el Estado no llega, o donde la sociedad busca calidad y compromiso para educar.
Fue el 10mo. encuentro de escuelas de Gestión Social y Cooperativa, un evento que surgió cuando se vio que, a pesar de figurar en la ley nacional de Educación, las escuelas de gestión social no estaban siendo reconocidas en la mayoría de las provincias. Esta reunión contó por primera vez con financiamiento estatal, por eso llegaron desde todo el país representantes de jardines comunitarios liderados por cuidadoras populares, centros de primera infancia, escuelas cooperativas, bachilleratos populares para jóvenes y adultos expulsados del sistema educativo estatal, centros de apoyo escolar, de educación complementaria y formación laboral, escuelas llamadas alternativas por sus prácticas pedagógicas holísticas, incluso rurales surgidas de las necesidades específicas de sus comunidades, como las de alternancia o de la Familia Agraria. Vinieron de Mendoza, La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Chubut, Río Negro, provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Salta y Chaco.
Estas experiencias suelen estar agrupadas en movimientos sociales surgidos desde el 2001, cooperativas educativas enmarcadas en el INAES, la Asociación de Escuelas de Gestión Social y Feceaba. Otras, con el foco puesto en las miradas pedagógicas integrales tomaron impulso y se acercaron entre sí a partir de la película «La Educación Prohibida». Sin embargo, a pesar de sus puntos en común y algunos encuentros compartidos, esos sectores permanecían independientes. Hasta que en 2020 Natalia Peluso, referente en Ituzaingó del Movimiento Evita y desde 2020 directora de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación, lanzó la primera encuesta oficial de experiencias educativas de gestión social. Dos años después, los volvió a convocar y unir un proyecto de ley presentado tres días antes por el diputado del Frente de Todos Eduardo Tonioli.
Que sea ley
Fue una jornada con presentaciones por la mañana y talleres por la tarde, donde el objetivo fue «pensar cómo seguimos trabajando en las jurisdicciones para que esta reglamentación salga adelante», explicó uno de los organizadores, Nicolás Tamburrino, de la Escuela Popular San Roque. Se leyó el documento redactado de forma colectiva, que comienza explicando que lo que se pide es el reconocimiento integral y nacional de una tercera forma de gestionar la educación publica: la gestión social. «La ley nacional de Educación del 2006 la enuncia, pero no define a las experiencias que ya existían previo a su promulgación. La ley permitió visibilizarnos pero existimos desde hace mucho tiempo. Somos un sector dinámico y en crecimiento, pero cada vez que nos presentamos tenemos que explicar quiénes somos», dijo.
«La educación en nuestras experiencias no es una mercancía. En estos 16 años -desde la sanción de la ley nacional de Educación en 2006- nos agrupamos en diferentes colectivos intentando encontrar una genealogía común para dejar de estar aislados. Descubrimos que venimos de diferentes territorios, con construcciones diversas, pero nos une el asociativismo, la defensa de la educación pública y la esperanza en la construcción colectiva de sociedades más justas e igualitarias».
«La Gestión Social de la educación es hoy una necesidad más imperante que hace 50 años, porque los procesos educativos se han ido desterritorializando, se alejaron de las necesidades subjetivas de nuestros jóvenes. El sujeto que está estudiando no siempre es el que piensa el ministerio. Esa es la potencia que ustedes tienen, hacen que todos los contextos se vuelvan texto. Ese es el nudo de la dimensión política de la educación. Educarnos es movernos juntos para otro lado. Queremos transformar la sociedad desde la educación. Que tenga cada vez más la fuerza de los contextos, donde se empieza siempre desde la pregunta respetuosa con el otro y la práctica colectiva», dijo en la apertura Alexandre Roig de INAES.
«En 2019 este gobierno decidió armar la Dirección de Experiencias Comunitarias, y fue el primer paso de una discusión que tiene un montón de años; pedíamos que institucionalicen algo de lo que hacemos. Somos solo un «raviol» dentro de un organigrama, pero pedimos llenarlo de contenido con las experiencias educativas, algunas más conocidas y otras más alejadas de la notoriedad. Hoy tenemos relevadas 708 experiencias de 21 provincias, casi 100 mil niños, niñas, jóvenes y adultos. La mitad trabaja con primera infancia», precisó Natalia Peluso.
«¿Cómo construimos consenso para que la gestión social sea ley y carne en las 24 provincias argentinas? Con tres años en la función no sé si tengo la respuesta, pero todos lo que estamos acá construimos
este volumen para que no queden solos y poder sortear nuestras diferencias. Hicimos una elección de vida cuando elegimos la educación comunitaria. El paso que sigue es construir en cada provincia espacios de difusión y discusión con nuestros representantes en legislaturas para que puedan conocer lo que hacemos. Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa, decía Simón Rodríguez».
«Yo estoy sentado acá pero quiero agradecer a Graciela, Ana, Juan Manuel y Humberto, que vienen hace muchos años trabajando en la asociación para que esto sea realidad. Empezamos en 2007, nos fuimos encontrando y entendiendo que cada uno solo y sola no podía ser. Somos escuelas y experiencias situadas, con prácticas democráticas, de padres de familias, asociaciones civiles o movimientos sociales. En un gobierno nacional y popular esto se tiene que dar. Si cada diputado y senador que tiene que
levantar la mano mira en su provincia, va a ver que hay más de una de gestión social. Queremos ayudar a fortalecer el sistema público de educación. Y que sea ley depende del laburo que cada uno de nosotros ponga», dijo Juan Jiménez, de FECEABA.
«En los últimos días se presentaron dos proyectos de ley que modifican algo del espíritu de la ley nacional de Educación. El de ustedes, por la Gestión Social, y el del diputado de la UCR Emiliano Yacobitti que pide que hasta 40 por ciento del gasto educativo -en escuelas privadas- de los contribuyentes pueda descontarse del impuesto a las ganancias. Puede ser un proyecto tentador, que confunda, porque significaría otorgar a una parte de la población beneficios impositivos que no llega a la otra parte. La discusión es la manera en que se transforma una decisión de gasto pública en una decisión de inversión que queda en manos del contribuyente. Traigo ese proyecto para mostrar cómo el fundamento del derecho a la educación se usa para lo más variopinto. Lo que se dice en el proyecto de ley de ustedes debería ser así para toda la educación. ¿Por qué definir de este modo a las escuelas de gestión social y no demandar algo similar para la gestión estatal? Lo que discuten ustedes es el sentido público de la educación pública, ustedes concluyeron que se requiere mucho más gestión local asociada y de las comunidades con un tipo de intervención estatal distinta a la que ha construido el Estado, que es más bien jerárquica. Así que creo que cuando se discuta este proyecto se va a abrir una discusión muy grande», dijo a su turno Flavia Terigi.
«Yo vengo trabajando desde hace tiempo desde la universidad en un estudio que hicimos en articulación con FECEABA sobre el modelo pedagógico que surge de las escuelas que observamos. Del informe que hicimos, destacaría cuatro cosas. Encontramos una cosa grande, que es que estas escuelas mejoraran la relevancia de los contenidos, disminuyendo el contenido enunciativo y trabajando más los problemas de la contemporaneidad. También, encontramos el esfuerzo por transformar las relaciones de los estudiantes con el conocimiento de modo critico, considerándolos productores de conocimiento. Vimos el esfuerzo por ampliar la forma de estar en la escuela. No solo por transformar las prácticas y generar novedades de esas que a veces es muy difícil en las escuelas de gestión estatal, sino por lograr que en las escuelas nadie esté de más, lograr un lugar amoroso, de cuidado. También saben articular la escuela con otras organizaciones, para sostener las trayectorias escolares y para contribuir a producir mayor igualdad. Estos cuatro rasgos distinguen a la Gestión Social. Hay que sistematizar ese saber que ustedes generan para que este disponible para todos. Y sepan que la educación de gestión estatal tiene limites pero también pelea por poder hacer eso que ustedes hacen», concluyó (el estudio se llama “Haciendo escuela desde la gestión social. Una sistematización de la experiencia de las Escuelas de Gestión Social del área metropolitana de Buenos Aires”, de Liliana Chávez y Erika Loritz,coordinadas por Flavia Terigi, UNGS, 2017).
«Soy egresada de la Escuela de Agroecología del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que nació hace 32 años. Tenemos una lucha permanente por la defensa del territorio. Son constantes los intentos de desalojo de las familias campesinas e indígenas en general por parte de productores que vienen de la pampa húmeda para producir soja. Hay negociados entre jueces, fiscales y políticos, bandas armadas. En eso intentamos recuperar y valorizar la producción campesina y orgánica como una forma de entender el mundo y la vida», dijo María de los Angeles Goncalves.
Hemos logrado que cada campesino sienta que es sujeto de derecho. En Santiago, si sos de monte adentro has sido negado como un sujeto que hace al sostenimiento económico y a un logro que es alimentar a los pueblos y no a los bolsillos de unos pocos. La educación ha sido una herramienta para trabajar eso: soy capaz, tengo mucho para aportar. Los saberes son tan valiosos como los saberes de la ciudad y la universidad. Para nosotros una reunión de la comunidad es un momento de formación. Hacemos campamentos de jóvenes, escuelas de formación histórica y política una vez al año con metodologías propias. Luego están los fogones comunitarios para paliar el hambre que nos reunió en pandemia, pero que también alimentan el corazón y la esperanza, con juegos y actividades con la niñez. Y también tenemos dos grandes espacios de formación que son la escuela de agroecología de Quimilí, para mayores de 14 con primaria completa y un espacio de terminalidad para los que no completaron
primaria. Vienen de toda la provincia, incluso de las vecinas.
Hoy hay unas 150 personas que van una vez a la semana. Aprendemos Historia, Lengua, Producción animal, Sanidad animal, Huerta, Agricultura, Básquet, Folklore. Se comparte cómo fue la semana, hay recreación y talleres. Cuando se vuelven a sus comunidades, hay muchas cosas para conectar la escuela con la comunidad, las traemos a la escuela. Y el otro espacios de formación es la Universidad
Campesina que funciona en Ojo de agua. Queremos que puedan valorizar sus propios saberes y transformar esa injusticia. Destacamos la importancia del trabajo con las manos, un permanente ida y
vuelta con la praxis. Valorizar que para ser un educador no necesito tener un título, porque hay
espacios curriculares donde hay compañeros sin primaria terminada pero con un saber infinito. Tenemos un equipo de coordinación con compas con título y otros con el título que les da la vida».
«Este encuentro es el resultado de muchísimos años de trabajo. Yo me dedico a la historia de la educación, y las escuelas que ustedes llaman de gestión social y cooperativa nace en el siglo 19, se prolonga en el siglo 20 y seguirá en el 21. Eso genera una memoria, una tradición, que se transmite de diversas maneras, formales e informales. Es una tradición latinoamericana. La segunda cosa que me gustaría decir es que, independientemente de si sale o no, este proyecto de ley ya marca un
punto de inflexión. Hay debates que no están saldados. Y a lo mejor tenemos que aprender a vivir con esos desacuerdos y vivir con lo que podemos consensuar. La ley nacional de Educación fue un primer reconocimiento. La tercera cosa que creo es que el siglo 20 se terminó quizás con la pandemia. Estamos frente a un mundo muy diverso, y estas experiencias avanzan en un sentido democratizador. No es
solamente recibir educación, es para poder darla. Elegir qué educación queremos para nuestros hijos generacionales», dijo por su parte Lidia Rodriguez.
«Eso no se resuelve solamente en términos electorales. Cuando digo democratización no me refiero a la definición restrictiva liberal sino a la participación en el espacio público de diversos actores que el Estado sea capaz de cobijar y sostener, colectivos que tienen diversas opiniones sobre la educación. Cambió el modelo productivo y el lugar del Estado en producir conocimiento. Creo que el reconocimiento de estas experiencias no tiene vuelta atrás: cómo pensar la educación es un cambio de paradigma propio del siglo 21».
«Antes estábamos cada uno por su lado, las federaciones, los movimientos, los alternativos. El proyecto de
ley pudo juntarnos. Somos distintos y vamos a seguir siendo distintos», presentó Laura García Tuñón al diputado del Frente de Todos Eduardo Tonioli.
«Es extraño porque vengo a hablar de un proyecto que elaboraron ustedes. Las dueñas son las organizaciones. Les pido que acerquen este proyecto a las provincias que no se acercaron aun. este proyecto comienza con la voluntad de ustedes, que me la transmite Natalia Peluso este año. Para llenar un vacío que tiene nuestra ley de educación nacional, porque no se puede regular algo que no se caracteriza. Algunas de ustedes surgieron de la retirada del Estado, con vocación comunitaria por resolver los propios problemas. No soy ajeno a eso porque vengo de Santa Fe donde hay muchas cooperativas y mutuales, que son eso, comunidades que organizan sus necesidades».
«Vengo como representante de la Fundación Gente Nueva, pero también queremos contar cómo estamos en Río Negro con la reglamentación. Dio pasos avanzados, primero con el reconocimiento de las escuelas en el ámbito de la educación privada, se fueron reconociendo ciertas características desde hace bastante tiempo. Es un trabajo coordinado, y creo que podemos hacerlo porque somos una provincia muy joven comparada y poco poblada, comparada con otras. La ley provincial de educación no hablaba de la gestión social, así que se fue haciendo un trabajo de distintos colectivos de gestión privada para que dentro de eso se pusiera como diferencial que fuera gratuita. Esa primera reglamentación es del 2007/8 y nos reconoce como escuelas parte de la educación formal. Fue mas adelante que se pudo incluir a otras propuestas educativas no escolares», explicó al auditorio Marisa Izuel.
«En 2012 la provincia actualizó su ley de educación y pudimos como organización y escuelas participar en la construcción de esa ley y aportar. No fue lo mejor, pero dimos un paso más. No avanzamos en la reglamentación provincial, pero como estamos dentro de gestión privada tocábamos los intereses de otros. Este año se pidió poder reglamentar la GS por fuera, era difícil ponerse de acuerdo. La gobernación habilitó esa discusión y pudimos trabajar para construir un documento que tiene las bases de una futura reglamentacion, con visto bueno de educación privada y en análisis por parte del ministerio de
Educación: ese sería nuestro documento marco. Por más que haya cambios de gobierno, quedará marcada la cancha, cómo se nos reconoce y qué características tenemos».
«Es un diálogo conflictivo que tenemos con el Estado, en el buen sentido, no pensamos en cómo anularlo sino cómo administrarlo. Yo me formé como docente en la escuela pública de gestión social No. 1 «Héroes Latinoamericanos». También somos una provincia joven. Contamos con una ley de gestión comunitaria indígena y un reconocimiento del ministerio, contamos con títulos de validez
nacional y docentes que cobran sus sueldo de la misma forma que los de la gestión estatal. Tenemos, sí, un desafío que viene hace años, un proyecto de ley que trabajamos con las escuelas de gestión social y está en los últimos procesos de evaluación», dijo la subsecretaria de Educación chaqueña Ludmila Pellegrini.
«Voy a decir algo que quizás no sea políticamente correcto pero subyace, y es que nuestras escuelas tienen que dar cuenta de determinadas cosas que a otros sectores de la sociedad no se les pide. En privadas por ejemplo no se persigue tanto la falta de títulos docentes», agregó.
«En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 14.628 de jardines comunitarios. Fue un punto de inflexión escribir esa ley de manera colectiva, después reglamentarla e implementarla. Esta ley general que pedimos ahora es importante, porque si no son experiencias por partes. Nosotras no queríamos ser parte de la dirección de Educación Privada. De los 600 jardines comunitarios que tenemos las autoridades provinciales solo han visitado 43 jardines, que son los que tienen convenio y se les reconoce los sueldos a la directora y maestras de sala de 4 y 5», explicó Mariana Gadea, referente de la CONNAF (Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).
Conclusiones de los talleres de la tarde
Documento de elaboración colectiva sobre la Gestión Social y Cooperativa:
Documento de apertura del 10mo Encuentro de Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria
Por la reglamentación de la Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria.
Hoy nos convocamos desde las organizaciones que impulsamos y sostenemos proyectos educativos en todo el país enrolados en la Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria, de forma abierta y plural con la intención de seguir sumando voces y experiencias para lograr nuestro reconocimiento y una
reglamentación que nos albergue. Nos reunimos nuevamente porque queremos ser reconocidos como una tercera modalidad de gestión de la educación.
El principio de toda esta lucha fue la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, pues sus artículos 13 y 14 significaron la visibilización, por primera vez, de una tercera forma de gestionar la educación pública. Y eso posibilitó que los colectivos que desde hacía muchos años, tomamos la educación en nuestras manos y nos hemos gestado en el seno de nuestras comunidades, encontráramos
en la Gestión Social y Cooperativa un espacio común para referenciarnos.
Dado que la misma ley enuncia pero no define a estas formas de hacer educación, que ya existían previamente a su promulgación, es que es preciso definir y darle identidad a nuestra forma de hacer educación, ya que estamos convencidxs de que es diferente desde su concepción y su implementación a la educación de gestión estatal y a la de gestión privada.
Somos un movimiento educativo muy diverso que incluye: Escuelas de Gestión Social y Cooperativa, Jardines Comunitarios, Espacios Comunitarios de Primera Infancia, Centros de Educación Complementaria o Apoyo Escolar para niñxs y jóvenes, Bachilleratos Populares, Centros de Formación Laboral y Escuelas
Alternativas, entre otras.
Decimos que la Ley Nacional de Educación permitió visibilizarnos, porque existir, existimos desde hace mucho tiempo. De hecho hay instituciones que en breve van a cumplir cien años, mientras que otras se han conformado recientemente. Eso habla de un sector dinámico y en crecimiento constante. No obstante y llamativamente, cada vez que nos presentamos es necesario contar quiénes somos, dado que no hemos logrado ser reconocidxs en aquello que nos caracteriza.
Podemos decir hoy entonces que comprendemos un amplio abanico del campo educativo dentro de lo que nuestro sistema denomina educación formal y educación no formal, muchas enmarcadas en la tradición latinoamericana de educación popular. Tenemos en común el haber surgido del seno de la sociedad civil y ser impulsadas por una gran diversidad de formas organizativas: asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, fundaciones, movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicales, campesinas y, de pueblos y naciones indígenas, comunidades de aprendizaje, bachilleratos populares, todas con el interés compartido de contribuir a una transformación social y educativa.
Nuestra forma de gestión horizontal es diversa pero compartimos múltiples modalidades de organización colectiva y comunitaria. Estamos organizadas de forma autogestionada y participativa en nuestros procesos de gestión y en la toma de decisiones y llevamos adelante proyectos político pedagógicos situados en el contexto territorial y social en el que nos desarrollamos, con un horizonte de
emancipación social colectiva y personal, porque entendemos a la educación como herramienta de pensamiento crítico para la transformación social.
Nos concebimos como Educación Pública y no pretendemos reemplazar ni competir con la Educación de Gestión Estatal a la que consideramos un derecho de todxs, así como una obligación indelegable del Estado de garantizarla para todas y todos, propendiendo a su mejora y ampliación continua sacándola del lugar de control y reproducción social que se le ha asignado tradicionalmente.
En este sentido desde la Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria pretendemos ser un espacio de reflexión y enriquecimiento mutuo con las instituciones de Gestión Estatal y esto implica un posicionamiento político de transformación de la sociedad.
Es importante destacar también que nuestros espacios educativos han sido refugio de ideas, de cultura y de encuentro en momentos oscuros de nuestro país, como lo fue la última dictadura, el auge del neoliberalismo de los 90 y los años de intento de reimplantar el neoliberalismo meritocrático en educación entre 2015 y 2019. En esos momentos las comunidades encontraron un lugar de reunión y de pensar una educación distinta, lxs chicxs un espacio de aprendizaje afectuoso y compartido y
lxs trabajadorxs, no sin sinsabores producto del contexto, un lugar amoroso, respetuoso y digno de trabajo y es también por eso que es fundamental que desde la comunidad y las instituciones defendamos el sostenimiento y la creación de estos espacios educativos, pues han sido parte del reservóreo cultural y social en tiempos oscuros.
Y es por eso que desde aquel 2006 (año de sanción de la Ley Nacional de Educación) hasta la fecha, hemos organizado encuentros regionales y nacionales para buscar los caminos para institucionalizar a la Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria, como la tercera forma de gestionar la educación. Desde cada espacio buscamos construir nuevas subjetividades que lleven adelante la idea de la educación como práctica de transformación social, por fuera de la educación como mera reproductora o como institución de disciplinamiento, comprometiéndonos como educadorxs a restituir el lugar social de la escuela.
Es ahí donde lo político toma potencia, la potencia de lo colectivo, de pensar con otrxs, con las familias, con lxs estudiantes, con el barrio, con la comunidad organizada, buscando articular y trabajar mancomunadamente con el Estado.
Porque nos sentimos parte del Estado, construyendo relaciones basadas en los valores de la Economía Social, Solidaria y Popular, que interpelen al modelo de acumulación capitalista que excluye, segrega y pretende construir “destinos marcados” en comunidades donde ponemos el cuerpo todos los días. Y es por eso que reclamamos que el Estado nos reconozca, garantice nuestro funcionamiento y nos financie integralmente.
La educación para nuestras experiencias no es una mercancía. Dentro del sistema educativo nacional, buscamos aportar desde nuestras experiencias pedagógicas, a pensar la Educación como un hacer transformador.
Es por eso que la decisión de hacer el Relevamiento de Experiencias Educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria, llevado adelante por la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación Nacional a finales del 2020, fue un gran avance. Desde hace muchos años que bregamos para que el Ministerio de Educación Nacional y en cada jurisdicción, se
realice un relevamiento que sirva para identificarnos, para que saber cuántos somos, en dónde nos ubicamos y con quiénes trabajamos, y para poder así generar las políticas públicas necesarias y acordes con la especificidad del sector.
En estos 16 años nos hemos agrupado en diferentes colectivos, intentando encontrar una genealogía común que interpele aquella visibilización que se había introducido en la Ley, para dar el necesario marco normativo para regular y promover estas experiencias en cada una de las jurisdicciones que conforman
nuestro país.
En ese recorrer caminos juntxs, nos hemos dado el espacio para debatir qué somos, quiénes somos y qué nos caracteriza. Esto nos posibilitó dejar de estar aislados y no dejar que cada escuela, espacio o experiencia, transitara su propio camino casi sin saber de la existencia de otras.
Así descubrimos que provenimos de diferentes territorios a nivel nacional, con recorridos y construcciones diversas cuyos denominadores comunes se resumen enlos vínculos socio comunitarios, el asociativismo, la defensa de la educación pública, la conciencia sobre la politicidad de nuestro trabajo y la esperanza en la construcción colectiva de sociedades más justas, igualitarias e inclusivas.
Sostenemos que buscamos llevar a la práctica un modelo pedagógico colectivo que pueda construir nuevas subjetividades que lleven adelante un proyecto de país en donde la justicia social y la inclusión sean el horizonte, pensamos en una educación para la transformación social y latinoamericana. Por eso nos proponemos trabajar con todos los sectores sociales porque nuestra construcción ideológica que se
transforma en prácticas democráticas, participativas y comunitarias, parte de entrelazarnos con cada territorio, más allá de quiénes lo habiten, pues el desafío es convencer a los distintos sectores para pensar en la educación como potencia transformadora, y por eso es necesario llegar a todxs.
Pensamos que el pueblo y las organizaciones sociales, tenemos el derecho de elegir y ser protagonistas de los proyectos pedagógicos y de su gestión en sentido amplio. En definitiva, sostenemos que la educación siempre es parte de un proyecto político que se materializa genuinamente si se cumplen dos condiciones: el derecho y la posibilidad de participar colectivamente atendiendo a las necesidades e
intereses de la comunidad educativa y el territorio y la comprensión acabada del sentido político pedagógico de los aprendizajes. Y esto solamente puede darse si sucede dicha participación. Creemos y estamos convencidos de que los Espacios Educativos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria vinimos para cumplir ese sueño.
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