En la gigantesca provincia de Buenos Aires, donde vivo desde el año 2000, existen desde 1873 los Consejos Escolares. Su función general es, según el capítulo XIX de la Ley 13688 de educación provincial, «la administración de los establecimientos educativos de los distritos, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos». A los consejeros los elegimos por voto en cada elección municipal y provincial, y la cantidad depende del tamaño de cada distrito escolar (el máximo es 10, cuando un distrito tiene más de 351 escuelas). Si bien es un organismo que responde al Estado provincial, intermediario de la Dirección General de Cultura y Educación, al tener miembros electos con el voto popular, nos integra como comunidad. Es decir que, como ciudadanos, somos parte de los Consejos Escolares. Cuando se trata de proponer o pedir, las comunidades escolares tenemos que acercarnos a nuestros consejeros: tomá nota de los tuyos cada vez que hay una elección y recordá que las sesiones son o deberían ser públicas.
Hasta ahí, la letra de la ley (al final de esta nota hay una lista con las funciones que debería cumplir el Consejo). En la práctica, los Consejos son la caja de recursos económicos de las escuelas de una zona. Cuanto más grande es un sistema, ¿más intermediarios necesita? ¿Cómo se llena y se vacía la caja? «El Sistema Educativo es financiado por la Provincia de acuerdo a los lineamientos y metas establecidos en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo y sus reglamentaciones, destinando a Educación aquellos aportes provenientes de la recaudación impositiva (Rentas, especialmente Inmobiliario y Automotores), las herencias y legados, los Fondos provenientes del Estado Nacional y un Fondo Provincial de Educación (que se nutre con los impuestos sobre los casinos y juegos de azar, como la lotería)», dice la ley provincial.
En su investigación «Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires», Marianela Giovannini tiene la misma preocupación que yo: «hay un alto
grado de desconocimiento –tanto académica como socialmente– sobre el tema». «Como único actor de la DGCyE de la provincia que es elegido por el voto popular, es interesante notar que son un organismo que debe combinar lógicas en algún punto contradictorias. Por un lado, es parte integrante de una estructura caracterizada por su organización vertical y burocrática como lo ha sido desde siempre la DGCyE. Por el otro, a su vez, se debe al pueblo que lo votó y debe responder a lógicas democráticas que tiene más que ver con la organización de los partidos políticos y los
tiempos políticos electorales», subraya en el trabajo que hizo tomando como casos de estudio los Consejos de Vicente López y San Fernando, en el conurbano norte. «Como actores de nivel intermedio del sistema, influyen de manera significativa sobre el modo en que se distribuyen los recursos que llegan a las escuelas en cada distrito, ya sea utilizándolos para el desarrollo de prácticas clientelistas o bien para lograr una equitativa distribución de los mismos». En 2007, fecha de publicación de su trabajo, la autora estimó que, en total, los Consejos Escolares de la Provincia recibían una suma «que ronda los 600 millones de pesos al año». En resumen, cree que el nudo gordiano es que «los consejeros escolares acceden al cargo por medio del voto cómo si aún continuaran gobernando las escuelas aunque hoy ya no poseen esa función ni la capacidad para decidir».
Una vuelta por mi Consejo Escolar
Pero, ¿cómo funciona uno en la práctica, en la vida real? En febrero pasado me acerqué con bicicleta y barbijo de rigor a conocer el Consejo Escolar de mi distrito, San Isidro (la web del consejo ya no existe; sí las cuentas de Twitter @ConsEscolarSI y de Facebook https://www.facebook.com/ConsejoEscolarSI/, donde se publican los registros de títulos y los actos públicos). Nadie me contestó por los canales oficiales, así que usé las redes sociales para llegar a una consejera escolar que finalmente me atendió. María Inés Penas es arquitecta y consejera escolar por el partido «Juntos por el cambio» y forma parte de la agrupación interna «PRO Mujeres Consejeras PBA». Es una de las 8 consejeras actuales de San Isidro (6 de su partido y 2 del Frente de Todos; cada cuatro años se renueva la mitad), y trabaja junto a los empleados de la estructura administrativa permanente, como el Secretario Técnico (que se elige por concurso y dura 5 años), y los agentes designados por la Dirección de Cultura y Educación, que forman parte de la administración pública provincial.
En esencia, el Consejo es un cuerpo colegiado y descentralizado de la DGE que se ocupa de los concursos y administración laboral de los auxiliares de limpieza y cocina de las escuelas y de todo lo relacionado con la infraestructura y mantenimiento. Como arquitecta, Penas considera un plus su profesión, por la estrecha relación de los consejeros con la Dirección Provincial de Infraestructura. «Nos ocupamos de cosas como las limpiezas de tanques, desinfección, mantenimiento de ascensores, mobiliario. Entra en partidas específicas y que dependen del tamaño del distrito: a vos te viene el dinero de la provincia para tal cosa, y si no la usaste la devolvés a fin de año, vuelve al Banco. El sistema alimentario escolar hasta este año estaba municipalizado con San Isidro, pero ya no, ahora nos ocupamos también. Las obras de determinada magnitud van a licitación o se hacen con el fondo compensador, el único ingreso propio del Consejo, que es un porcentaje que el vecino paga de ARBA. Va directo a la cuenta del Consejo: un mes podés tener mucho y otro poco, depende de la recaudación. Es lo que tenemos para gastos menores, puede ir de los 100 mil a los 600 mil pesos», explica Penas. «Se estudian los pliegos y van pagando por certificado de obra. Cuando ya es hacer una escuela o una intervención más grande, vienen directo de Infraestructura de La Plata. Ahora hay una partida para 28 obras de arreglos de gas y sanitarios en escuelas de San Isidro. Muchas veces el municipio hace reparaciones con su fondo para educación que le manda directo la provincia en las instituciones que dependen de él, como jardines, un profesorado, un centro de formación profesional, más los talleres de inglés y danza».
La relación con las Cooperadoras
En las escuelas estatales el rol de las Cooperadoras es enorme. Creadas con el espíritu de promover la unión y la participación de toda la comunidad educativa para el bienestar y la gestión democrática de la escuela, (docentes, alumnos y familiares), lo cierto es que muchas veces sirven para tapar baches y urgencias no resueltas por las autoridades jurisdiccionales. Penas me dice que la mitad de las 97 escuelas del distrito no tiene cooperadora, y que de ellas algunas «no tienen los papeles en regla». Asegura que cada una tiene un perfil distinto, aunque estén en la misma manzana, y que los padres y madres ya no tienen el mismo compromiso que antes. Cuando le pregunto si no cree que las Cooperadoras terminan tapando agujeros, opina que su rol es mucho más amplio que el económico y que son importantes porque «los chicos que tienen padres comprometidos con la escuela, la cuidan». Si bien sus tres hijos fueron a escuelas privadas de la zona, formó parte de la unión de padres y como vecina de la Cooperadora de una escuela del barrio donde vive. Está convencida de que «donde la directora tiene una buena cooperadora no necesita nada, es autosuficiente».
Ahora quiero saber cómo funciona el Consejo Escolar visto desde las escuelas. Para eso hablé con dos madres con una década de experiencia en Cooperadoras de todos los niveles: preescolar, primaria y secundaria. Victoria Pannunzio es madre, trabajadora autónoma y acompañó el recorrido de sus hijas como secretaria de la Cooperadora del jardín «Dominguito», como secretaria, tesorera y presidenta de la Cooperadora de la Escuela Primaria número 1 y como parte de la Escuela Media número 8. Le pregunté cómo fue en estos años la relación con el Consejo. «En las tres instituciones ha sido de mucha burocracia y poca utilidad para resolver problemas tanto edilicios como trabas de «papeles» que requieren las Cooperadoras. No responden a los problemas, salvo situaciones de riesgo extremo, siempre con excusas del tipo: hay escuelas que están peor, la culpa es de los chicos que no cuidan, etc. Se demoran de 3 a 6 meses para cualquier pedido, si es que finalmente hacen algo, y las escuelas de gestión municipal tienen un trato diferenciado». Sobre la gestión de los auxiliares, me cuenta que «depende de cada caso, hay algunos muy buenos y otros que no hacen nada. Al venir del Consejo, su relación con los directivos es nula en muchos casos. Y aunque tuve buena relación con todos, personalmente creo que es un sistema perverso».
Sobre la influencia de la pertenencia partidaria de los consejeros, Victoria no observó diferencias en estos diez años. «No atienden a nadie por igual», sentencia. Sobre el acceso a la información, describe que «es totalmente opaca, nunca está claro en qué gastan, ni rinden cuentas a padres o autoridades, además de que nunca hay reuniones con grupos de padres». Por último, le pregunto qué cambios haría ella si pudiera. «Dejaría de lado el sistema de Consejos Escolares. En vista del estado de la mayoría de las escuelas, es evidente que no sirven. Asignaría un monto a cada escuela según su escala, y que un directivo rinda los gastos junto con la Cooperadora y los padres. También reformaría el estatuto de las Asociaciones Cooperadoras, que no son la AFA: no tiene sentido la cantidad de papeles y trámites que se les exige».
Carlina Ciak también es madre y cooperante activa de escuelas estatales en Vicente López y San Isidro. Es presidenta de la Federación de Cooperadoras de Vicente López y prosecretaria de la Federación de Cooperadoras Escolares de San Isidro (en formación). Para ella, el modelo de los Consejos Escolares «es bueno, porque si no cuando se nos rompe algo en la escuela tendríamos que mandar la nota a La Plata para que te giren el dinero o hagan la licitación; lo mismo con los auxiliares, los comedores y las viandas. En una provincia con la cantidad de distritos y la diversidad como la nuestra, es buena una instancia más local para ejecutar esas cuestiones». Según Carlina, «lo que sucede es que los consejeros van en un lugar totalmente despreciado de la lista y nadie sabe para qué. Muchas personas que se postulan entran sin haber pisado las escuelas estatales jamás, y lo usan para escalar a otros cargos. En consecuencia, no entienden el idioma. Les muestran cómo se hace y a los dos años se van. Algunos son perfectos ñoquis». Sobre la transparencia, también cree que deberían publicar los recursos que reciben y en qué los gastan, «porque incluso les giran una parte de retenciones a la soja, impuesto a los ingresos brutos y al cheque, que en general no se blanquean». «El consejero debería ser el que cuida mi escuela, y eso está desvirtuado».
Que las Cooperadoras estén agrupadas en una Federación sirve, entre otras cosas, para tener mejor acceso a la instancia provincial. «En Vicente López, por ejemplo, nucleamos a un conjunto de Cooperadoras junto con inspectores, sindicatos, consejo, municipio, para acceder a cosas que como Cooperadora suelta no podés. Según la impronta de cada distrito, por ejemplo, podés involucrarte para saber por qué está cerrada una escuela, o por qué hay un conflicto con equis directora. También como Federación tenés potestad para solicitar y gestionar subsidios con Ministerios o empresas», explica Carlina. «No es un dato menor que las Cooperadoras tenemos algo que para un funcionario público es incomprensible: laburamos ad honorem y no queremos un cargo político. Y sí, se activan mecanismos de impedir si empezamos a hacer preguntas incómodas».
NOTA DE LA REDACCIÓN: La consejera María Inés Penas, leídas las declaraciones de Pannunzio, aclara que las instituciones educativas municipales pertenecen a la órbita de gestión privada y no reciben fondos del Consejo Escolar.
Los Consejos Escolares tienen las siguientes facultades:
- Gestionar la provisión de muebles, útiles, y demás elementos de equipamiento escolar y proceder a su distribución.
- Implementar en sus respectivos distritos la ejecución de los actos administrativos.
- Administrar los recursos que por cualquier concepto le asigne la Dirección General de Cultura y Educación.
- Realizar el censo de bienes del Estado.
- Intervenir y fiscalizar todo trámite administrativo vinculado a: 1) Toma de posesión; 2) Tareas Pasivas; 3) Juntas Médicas; 4) Licencias; 5) Seguro colectivo y escolar; 6) Salario Familiar; 7) Reconocimientos Médicos; 8) El pago de sueldos y remuneraciones del Personal Docente, Administrativo, Obrero y de Servicio de los establecimientos del distrito y Personal Administrativo de las demás reparticiones distritales de la Dirección General de Cultura y Educación y del Consejo Escolar local, conforme a las indicaciones que se impartan desde la Subsecretaría Administrativa.
- Proponer alternativas de acción intersectorial en los casos de inasistencias reiteradas, injustificadas o por deserción de los niños en edad escolar, a los fines de asegurar los principios y fines de la educación.
- Auspiciar la formación y la colaboración con las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos educativos.
Mirá al mapa escolar del sistema educativo de la provincia: http://mapaescolar.abc.gob.ar/mapaescolar/
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