Este gobierno, como los anteriores, asume con una deuda hacia las llamadas educaciones alternativas. Que son, desde hace décadas, los campos de experimentación de la transformación y la innovación que tanto se demanda en los discursos oficiales. Creadas por «fuera de la caja», con fuerte hincapié en las necesidades de la demanda y sin las limitaciones de las prácticas, edificios y curriculums que impone el sistema oficial, logran mejorar todas las variables que hoy no se resuelven desde adentro: clima escolar, aprendizaje con interés y motivación, integración de la comunidad, personalización, sentido de pertenencia y participación, proyecto político pedagógico propio, ecología y optimización de recursos, entre las más destacables.
A mí me sigue sorprendiendo que a estas alturas del conocimiento y las evidencias, estas alternativas educativas sigan con el cinturón apretado, el agua al cuello y el castigo extra de no contar con el papel que certifique los aprendizajes ni el apoyo económico que reciben las instituciones oficiales. Sin justificación válida alguna, tanto a nivel académico como científico, y con las evidencias en la cara: las estadísticas escolares, la realidad de los educadores y los propios niños y sus familias. Dirán que si queremos estar fuera no tenemos por qué reclamar un título oficial. Gustosos aceptaríamos si en los hechos éste no fuera un poderoso factor de discriminación, porque lo cierto es que el miedo a la falta del título actúa como el cuco en este tipo de proyectos, impidiendo su crecimiento, sostén económico y capacidad de ser replicados.
Para muestra de este destrato hacia los educadores y entusiastas que siempre buscaron recuperar el placer y el sentido del aprendizaje bastan algunos ejemplos argentinos. En el año 1938 el gobierno trasladó al maestro Luis F. Iglesias como castigo a una escuelita rural de Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, donde con poco y nada la transformó en un oasis educativo. En los ´50 el gobierno expulsó también a las hermanas Cossettini de la escuela Carrasco de Rosario, reconocida como una de las experiencias más innovadoras y fundacionales de las alternativas argentinas y del continente. Hoy, en Córdoba, una escuela cooperativa que lleva su nombre y trabaja desde hace 17 años de una forma similar, sigue sin ser reconocida por el gobierno provincial y sus alumnos deben rendir el primario libre por falta de título oficial.
Las escuelas experimentales anexas al Instituto Speroni de La Plata fueron reconocidas después de años con una reglamentación que hasta hoy sigue siendo excepcional y que las mantiene pendiendo de un hilo.
Las escuelas y jardines Montessori, que en el mundo existen hace cien años pero que en Argentina empezaron a afianzarse durante los últimos cinco años, siguen teniendo que simular cuando llegan los inspectores que los chicos y las chicas están separados en grados o salas porque el Estado no reconoce que se los agrupe distinto, en un mismo espacio, a las franjas de edad de 3 a 6, 6 a 9 y 9 a 12. Como culpables que tienen que demostrar su inocencia, deben entablar negociaciones absurdas con las inspecciones zonales para que su propuesta sea reconocida tal como es. Sin contar que además deben seguir las normativas edilicias que no les son útiles al proyecto pedagógico, tal como le pasa también a la escuela de Córdoba y a la mayoría de los proyectos alternativos.
Las escuelas libres o democráticas tienen ese mismo problema, al que se suma que su curriculum es optativo y diferente para cada niña, niño o joven, en sintonía con la integralidad que se expresa en la Ley Nacional de Educación y la libertad de expresión y pensamiento contemplada en casi todas las declaraciones de derechos de la infancia. Mientras que lo obsoleto de la cuestión edilicia cae de maduro y tengo la esperanza de que pueda modificarse más rápido, la cuestión de la libertad de aprendizaje es mucho más delicada porque sacude las bases mismas del Estado como institución de control social y a la escuela como uno de sus principales brazos hegemónicos.
Las escuelas de Gestión Social y Cooperativa son el colmo porque ya figuran en el texto de la ley como la tercera opción de gestión posible de la educación pública, junto con la estatal y la privada. Sin embargo, como no están reglamentadas en muchas jurisdicciones, encuentran trabas de todo tipo para funcionar. Estas escuelas están bien ancladas en sus territorios y cubren demandas que las otros dos modelos de gestión no logran. Trabajan inspiradas en la educación popular y forman parte de movimientos sociales y políticos, colectivos marginales, comunidades campesinas y suburbanas y organizaciones sin fines de lucro. Los Bachilleratos Populares de la Ciudad de Buenos Aires son un ejemplo de este modelo.
Tampoco es reconocida una comunidad que en el país crece al mismo ritmo que la disgregación social y escolar, la de familias y colectivos que educan sin escuela y que en otros países suelen denominarse «unschoolers» y «homeschoolers«. Los que quieren elegir ingresar al sistema educativo oficial en el nivel secundario, por ejemplo, deben rendir examen libre en mesas que son escasas en relación a la demanda. Muchas familias del interior del país deben viajar a la ciudad de Buenos Aires porque sus reglamentos escolares ya no tienen la figura de alumno libre y no les habilitan mesas. Este año, según los relatos de las familias en conversaciones personales y grupos virtuales, el crecimiento fue exponencial y los funcionarios de la Ciudad estaban desbordados.
Aprovechemos. Hay cambio de gobierno. ¿Podrán escucharse finalmente las propuestas de quienes educan al margen del sistema oficial y tradicional? Que, sigue siendo necesario aclararlo una vez más, no lo están por capricho o porque son de una supuesta élite, como escucho una y otra vez cuando cuento mi historia y la de tantos otros espacios educativos «alternativos». No hay grieta entre las personas bienintencionadas del sistema oficial y las bienintencionadas de los proyectos que están fuera. Los buenos deseos son los mismos, sólo que los que estamos afuera queremos ver los cambios en las vidas nuestras y de nuestros hijos, no cuando llegue un gobierno que pueda escuchar.
Dentro de este informe que escribo hoy con la esperanza de ser leído por quienes pueden tomar decisiones de política pública, hay tres propuestas: una personal, otra que proviene de referentes de escuelas alternativas argentinas y una tercera que surge de los trabajadores del sistema educativo oficial, volcadas en una serie de videos que hace unos días publicó la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).
Mi propuesta personal al nuevo presidente y gobernadores es un plan cuyos dos primeros puntos tienen bajo costo político y económico si se los mira con el más común de los sentidos. Que pueden mejorar la escuela estatal, la más necesitada, en el plazo que dura un gobierno. A diferencia del tercero, que atañe específicamente a las llamadas alternativas y que hasta ahora pareciera ser el más difícil de consensuar.
- Que todos los funcionarios y empleados de Educación, desde el Ministro y los jerárquicos, hasta las y los inspectores, maestros de grado y auxiliares, deban enviar a sus hijos e hijas a escuelas de gestión estatal como cualquier otro requisito de su empleo (antecedentes, puntaje, horarios, funciones). Si no quieren, son libres de trabajar en otras áreas o sectores.
- Eliminar los exámenes y las calificaciones numéricas o estandarizadas de cualquier tipo.
- Para amparar a los espacios educativos alternativos no reconocidos y la educación en familia, se pueden hacer varias cosas: la más rápida y fácil es volver a habilitar exámenes libres en todas las provincias para que puedan certificar estudios quienes aprenden fuera de la escuela oficial (hoy tienen que viajar hasta CABA). Otra, más trabajosa y para mí menos necesaria, sería crear una normativa especial que ampare a las educaciones alternativas (como hizo Puerto Rico, como se solicitó en el Senado de Chile hace poco y como de alguna manera lo está haciendo la provincia de San Luis con sus Escuelas Generativas). La tercera opción es modificar el artículo 16 de la Ley Nacional de Educación, que especifica la obligatoriedad de la escolaridad, reemplazándola por la palabra «educación». La cuartaopción es reglamentar las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa, que ya existen y figuran en el texto de la ley.
El primer punto de mi propuesta es un mitad camino del extremo socialista de Finlandia -ese modelo idolatrado-, donde no hay manera de elegir porque todas las escuelas son del Estado, lo que ha logrado igualar de verdad la calidad y el acceso. La vocación de servicio de cualquier funcionario que vive de los impuestos del pueblo debería bastar para preocuparse por garantizar una educación digna para los y las que más lo necesitan. Pero como eso no sucede y los mismos funcionarios emigran con sus hijos e hijas a la escuela de gestión privada, necesitan motivación externa. Entonces, deberían vivir y palpar esa realidad que sus propios hijos les traerán todos los días a sus casas. En estos años de investigación empírica en educación y aprendizaje me cansé de escuchar hablar maravillas y defender la escuela estatal a personas que llevan a sus hijos a la escuela ¡privada! En definitiva, muy lejos de los discursos académicos y políticos, ¿acaso la educación no la reducimos -por desgracia- a ese instante preciso en que empezamos a buscar escuela para anotar a nuestros hijos?
¿Y cómo es que sacar los exámenes y las calificaciones mejoraría la gestión? Pues porque elimina el factor premio/castigo de la ecuación. De esa forma, permite de verdad, y repito, de verdad, que el aprendizaje sea equitativo, significativo, verdadero, integral e inclusivo, por proyectos y de acuerdo a las características, necesidades y contexto de cada uno/a y de cada comunidad escolar. Porque quitaría su aspecto punitivo y eliminaría la burocracia que pesa sobre docentes, directivos e inspectores, y mejoraría el clima escolar radicalmente sin necesidad de apelar a clases de relajación, convivencia, emociones y otros «parches» que cada año se intentan para mejorarlo.
En cuanto al tercer punto, los nuevos gobiernos harían bien en al menos registrar el aumento de las alternativas y las demandas por una escuela mejor. Hoy más que nunca están en retruco y crecen, no por el apoyo que reciban -al contrario- sino gracias a la posibilidad que les ha dado la tecnología de ponerse en contacto y formar redes de apoyo y defensa salvando todas las distancias territoriales y culturales. No me olvido de que cuando gestionábamos Tierra Fértil, nuestro espacio de educación libre en Béccar, invitamos, por separado, a dos funcionarias de primera línea dedicadas a la innovación pedagógica y la formación docente, una con responsabilidad nacional y la otra provincial. Valoro enormemente que se tomaran el tiempo de conocernos, pero la reacción de ambas fue muy parecida: esto que ustedes hacen no cabe en el sistema, hasta harían mejor quedándose afuera. Las dos, aún con cargos de poder, se reconocieron incapaces de superar la ineficacia y horror al cambio de la burocracia educativa.
Para sumar otras voces a esta propuesta de plan educativo, consulté a varios referentes de la educación «alternativa» para que me cuenten qué le pedirían a los nuevos gobiernos en el corto y en el mediano plazo. Me respondieron dos, a los que conozco personalmente, con trayectorias extensas y cuyas escuelas, a fuerza de un trabajo de décadas, lograron finalmente ser reconocidas por el sistema oficial.
Juan Carlos Videla trabaja desde su fundación para el Instituto de Educación Superior «Roberto Themis Speroni», público de gestión estatal de la Provincia de Buenos Aires, y el Instituto de Educación Superior «Terra Nova» de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Son los formadores y estructuras troncales de las llamadas «escuelas experimentales», de las cuales existen unas cuarenta en Argentina que empezaron a surgir casi al mismo tiempo que las escuelas Waldorf. Y que, hasta hace muy pocos años, trabajaban casi en las sombras por la protección legal inestable que les otorgaba un decreto nacional de los años ´80.
«Tenemos fundamentalmente necesidades legislativas para el IES «R. T. Speroni» en el más corto plazo, similares a las que cobijan al «Terra Nova», que ahora está contemplado en la Ley 1253 de la Provincia de Tierra del Fuego. Y a la largo plazo necesitamos finalizar la construcción del IES «R.T. Speroni», me dijo Juan Carlos, un abogado que desde los años ´60 acompañó a las fundadoras Nelly Pearson y Dorothy Ling en la búsqueda de legitimidad de estas escuelas de las que todavía se sabe muy poco.
Ginés del Castillo es directivo de la Escuela N° 1385-3156 «Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia», una escuela Pública de Gestión Privada, ME de Santa Fe. Es la única escuela democrática argentina con todos lo niveles educativos reconocida legalmente, donde chicos y chicas pueden elegir qué aprender. Empezó en un gallinero, con su hijo y un amigo como alumnos, en Monte Vera, las afueras de Santa Fe. Hoy es parte de dos redes mundiales como AERO e IDEC, forma parte de varias regionales para transformar la educación e hizo un trabajo meticuloso y de hormiga para conseguir explicar a las autoridades santafesinas los beneficios de su propuesta. Ginés le pide a los nuevos gobiernos:
«- Implementar la Educación de Gestión Social de acuerdo a lo previsto en la Ley 26206, Resolución N° 33 del CFE y Resolución Ministerial N° 3300, previa consulta a las Organizaciones Sociales y escuelas involucradas.
– Reconocer el aporte que hacen las escuelas con pedagogías alternativas posibilitando su desenvolvimiento legal y económico, así como su participación en los planes, programas, capacitaciones y demás recursos con que cuentan las escuelas oficiales.
– Brindar un marco reglamentario que permita la educación sin escuela en sus diversas modalidades, con asistencia pedagógica y económica del estado.
– Implementar y sostener recursos educativos de todo tipo y espacios de encuentro abiertos a toda la comunidad, fuera de las escuelas o en ellas, pero sin requerimientos de escolarización, para todas las edades, con un criterio tendiente al aprendizaje permanente, a la educación autogestionada y distribuida, con participación de las organizaciones sociales. Estos dispositivos constituirán uno de los gérmenes de la educación del futuro.
– Salarios mínimos que permitan cubrir las necesidades de la canasta básica con un solo cargo. Docentes «de Centro», que reunan sus horas cátedra en una misma escuela, con horas pagas destinadas a reuniones y capacitación.
– Financiamiento integral de las escuelas y otros centros educativos, atendiendo a un funcionamiento efectivo de acuerdo a las necesidades del mundo actual.
– Remodelación de los edificios existentes proveyéndolos de las condiciones que requieren los actuales estándares arquitectónicos y tecnológicos, tanto en lo edilicio como en el equipamiento, amoblamiento moderno, etc. Prever que los nuevos edificios cuenten con espacios naturales de dimensiones suficientes para la práctica de deportes, juegos, huerta, vida en la naturaleza. Garantizar las condiciones de seguridad y confort adecuadas a través de un organismo de control con un protocolo elaborado en acuerdo con la comunidad.
– Equipamiento informático y de conectividad en todas las escuelas y entrega de equipos a alumnos, alumnas, educadores y educadoras.
– Brindar oportunidades de capacitación gratuita en servicio con participación de las organizaciones sociales en general y en especial de educadores y educadoras.
– Boleto escolar gratuito en todo el país, incluso los interurbanos.»
Además de estas dos propuestas, existe un proyecto para apoyar el impulso de las escuelas democráticas en la Provincia de Buenos Aires, elaborado por las familias de Tierra Fértil y listo para ser presentado a las autoridades bonaerenses.
Por último, miré los videos de varios referentes de la educación oficial argentina recopilados por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) donde opinan en un minuto qué debería hacerse para transformar la educación argentina. Muchas son una expresión de deseo o un diagnóstico conocido más que una propuesta, pero los próximos gobernantes harían bien en escucharlos. Entre ellas hay algunas que me parecen concretas y claras, capaces de generar cambios de raíz. Este es mi resumen de los 41 videos de la iniciativa de UNIPE #UnaPropuestaParaLaEducacion que pueden verse completos en su página:
#1. Emilio Tenti Fanfani (Unipe): Ha que hacer dos cosas al mismo tiempo: cambiar las mentalidades y expectativas y los recursos. Que todos los establecimientos públicos y privados, con pedagogos y arquitectos, se reúnan para definir los requisitos para una escuela digna. De ahí, definir objetivos prioritarios y un plan de inversión en determinado plazo, con objetivos cuantificables que la sociedad pueda evaluar si se está cumpliendo.
#2. Mariano Narodowsky (Universidad Torcuato di Tella): el financiamiento ha demostrado ser un fracaso en éste y el anterior gobierno. Ni alcanzan ni están eficientemente invertidos. Que se conserve el 6 por ciento del PBI pero garantizando un piso por alumno de escuela estatal que sea igual por provincia, sin diferencias. Y que ese piso se pueda corregir siempre hacia arriba por etnia, género, clase social, discapacidad. Crear un fondo educativo federal por medio de chequeos cruzados asignados por criterios claramente establecidos. Y preservar a los fondos de la educación de las crisis económicas. Lo hizo Lula, es posible. Financiamiento genuino de todas las escuelas del país.
#3. Patricia Sadovsky (Unipe): fortalecer la secundaria. Que quieran estar en la escuela y que aprendan cuestiones relevantes. Que los profes estén contratados por un cargo y no por horas que distribuyen entre diversas escuelas. Discutir, proyectar, atender a los que requieren interacciones especificas, capacitarse. El trabajo de enseñar es colectivo y cooperativo y excede dar clases.
#4. Carlos Torrendel (Universidad Católica Argentina): concentrarnos en los supervisores. Recrear el cuerpo de supervisores, que hagan lo que hacían al principio: acompañar los experimentos escolares, asesorar, retroalimentar, conectar la política educativa con las escuelas. Pero no por ser funcionario jerárquico sino porque puede colaborar junto con las comunidades educativas. Bien formados y acompañados por el ministerio nacional y los provinciales.
#5. Adriana Puiggros (Unipe): fortalecer el Consejo Federal de Educación para que cada provincia se fortalezca a partir de sus propias características. La formación docente debe ser una política nacional con, por ejemplo, programas a distancia. Gran convocatoria para que todas las Universidades e Institutos de Formacion e UNIPE formen a los docentes. Alimentación, salud e infraestructura escolar.
#6. Claudia Romero (Universidad Torcuato Di Tella): la secundaria es la única política de inclusión auténtica de los jóvenes y debe ser prioridad. Es obligatoria y sin embargo sólo el 50 por ciento la termina de manera exitosa. Los debe preparar para el trabajo, la universidad y para ser ciudadanos. Lleva tiempo y en la década próxima tenemos que tener garantizada la escolaridad exitosamente. Que ofrezca y garantice aprendizajes.
#7. Alberto Sileoni (Universidad Nacional de Hurlingham): reposicionar las funciones y competencias del estado nacional, que ha desaparecido como conductor, y discutir en cada institución qué sociedad y qué escuela queremos. Discusión fundamental de los docentes de la Argentina para adelante.
#8. Mariano Palamidessi (Universidad de San Andrés y FLACSO): el principal problema es de gobierno, hay un federalismo desparejo, poco ordenado y con metas difusas que no logramos encarnar con las acciones reales. Analizar los últimos 30 años, hacer una lectura compleja y tomar definiciones troncales para plantear un escenario de cambio consensuado y líneas de trabajo bien claras. Salir del ciclo de cambios pendulares.
#9. María Cristina Garell (Ministra de Educación de La Pampa): La Pampa ha avanzado en un paradigma de la integración, de la inclusión, centrado en los alumnos con discapacidad. El 85% de las personas con discapacidad cursan sus estudios en escuelas comunes, no hay más escuelas especiales. Las que quedaron son centros de apoyo.
#10. Nicolás Trotta (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo): la escuela no está disociada de la realidad social, en crisis, con retracción de las políticas publicas. Aumentar el estado de financiamiento, trazar objetivos claros y aumentarla donde más se demanda la presencia del Estado. Expandir el acceso a la educación inicial. Repensar el secundario para los desafíos del país. Jornada extendida.
#11. Silvina Gvirtz (Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza): hay tres dimensiones que atender: condiciones que garanticen escuelas seguras, que todos puedan asistir y se gradúen. No tener 50% por debajo de la linea de pobreza. Mejorar la calidad de los aprendizajes. Entregar herramientas didácticas, libros del texto por parte del Estado. Capacitaciones en servicio y con puntaje para los docentes.
#12. Daniel Feldman (FLACSO): enfatizar la enseñanza. Hace falta un estudio serio que muestre las mejores formas de enseñanza, las que generan mejores ritmos y rendimientos de aprendizaje, en una sociedad donde además la enseñanza está cruzada por la pertenencia a clase social.
#13. Adela Coria (Universidad Nacional de Córdoba): Ninguna novedad. Que se garantice el cumplimiento de las leyes que ya tenemos. Restituirlos y profundizarlos. Hospitalidad, libros, materiales, con maestros que enseñan y quieren cuidar. Volvamos a tener computadoras en el aula. Salgamos fuera del contexto escolar, como museos y otros espacios. Que los chicos sean reconocidos en sus saberes e historias culturales. Que la cultura escolar dialogue con esas historias. Profes y maestros que vuelvan a desear ir a la escuela. Olvidarnos de que enseñar es sólo para ser evaluado.
#14. Daniel Filmus (Ex Ministro de Educación de la Nación): generar condiciones de calidad para todos y todas, que implica cumplir con las leyes. Se aprobaron cinco o seis que son fundamentales: educación sexual integral, educación técnica, financiamiento educativo, paritaria docente, la ley nacional. Cada ley es un plan de gobierno.
#15. María del Carmen Feijó (Unipe): más de la mitad de los niños es pobre. La Asignación Universal por Hijo se entrega a 2 millones y 600 mil van a la escuela. Cómo articular la educativa con la política social. Que sea más que una condicionalidad burocrática y se convierta en un objetivo educativo en sí mismo.
#16. Verónica Piovani (Unipe): que haya un plan nacional de formación docente continua que recupere lo mejor de la experiencia de 2013, que fue corta y que fue la primera federal gratuita enteramente financiada por el Estado, de carácter situado, que contó con un acuerdo paritario y resolución de pleno consenso del CFE. Una demanda histórica del colectivo docente y organizaciones de trabajadores, y con respaldo político. Focalizar en las estrategias de enseñanza con las mejores herramientas para la diversidad con inclusión plena en los aprendizajes.
#17. Jaime Percyk (Rector de la Universidad Nacional de Hurlingham): que se garantice la igualdad para todos, nadie es más que nadie. Es necesaria una sociedad que respete y construya la igualdad.
#18. Alejandra Cardini (CIPPEC): Dos metas. En Nivel inicial, cobertura y oferta, y también en la regulación. Secundaria tiene tres cuestiones. Las trayectorias, cuántos comienzan y cuántos terminan. En los aprendizajes, las últimas pruebas Aprender de 5to. año muestran que 7 de cada 10 no alcanzan nivel satisfactorio en Matemática. Y el tercer problema en la Argentina es la desigualdad. Hay 4 recomendaciones: articulación entre Nación y provincias, innovación pedagógica y curricular, acompañar las trayectorias a los que abandonan y a los docentes. Concentrar la carrera docente en una misma escuela, además de garantizar y formación inicial y continua.
#19. Roberto Baradell (Secretario General de Suteba): infraestructura, formación y actualización, salarios, organización escolar, políticas socioeducativas, extender la jornada.
#20. Delia Méndez (Unipe): restituir el valor del CFE y que éste propusiera la centralidad pedagógica de las escuelas. Un sistema educativo nacional y federal para garantizar el derecho de todos desde inicial hasta terciario. Para garantizar no sólo justicia educativa sino también social. Que los ciudadanos puedan comprender sus derechos. Discusión de los 24 ministros de educación en el CFE.
#21. Hugo Labate (Dirección Nacional de Diseño de Aprendizaje): desarrollo de capacidad desde nuestros estudiantes. Se los orienta a las asignaturas pero en realidad es a la resolución de problemas. Los docentes deben identificar en cada materia cuál puede ser un problema interesante y plantearlo y trabajar sobre él. No es uno que se resuelve automáticamente, sino que debo adquirir conocimientos que no conozco.
#22. Alejandra Brigin (Unipe): reconocer la formación docente como parte del nivel superior. Entre todas las formaciones docentes de ahora hay pocos lazos, insuficiente trama. Construirla.
#23. Gustavo Iaies (ESEADE): el esquema normativo tiene que incentivar la mejora, reconocer a la escuelas tanto en cuanto a calidad como a retención. Secundaria tiene que empezar a mirar el mercado de trabajo antes de que se termine. Con prácticas laborales y armar un esquema para los que no puedan terminar, un reconocimiento que les permita ir al mercado aunque sea con matemática y comprensión lectora. Evaluación final en los institutos docentes.
#24. Claudia Bracchi (Unipe): que la escuela ocupe un lugar central en la vida de todos. Que la primaria enseñe a leer y escribir y a veces eso sólo es tan complejo. Que a la secundaria la elijan los chicos y los profes. Mejores condiciones. La formación docente es un desafío, no pensando con nostalgia en la escuela que tuvimos sino que mejore las enseñanzas para los mejores aprendizajes.
#25. José Antonio Castorina (Unipe): incrementar el presupuesto educativo, que la democracia viva en la vida de las propias escuelas, mayores transferencias salariales. Enfatizar una debilidad histórica del sistema argentino, que ha sido un relativo poco interés en la modificación de los procesos de enseñanza. Asegurar la transmisión de la cultura a los alumnos y generar contextos didácticos. Un punto todavía vacante. Propondría una política específica y de largo plazo en este sentido.
#26. Mariela Nassif (Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero). Fortalecer el concepto de federalismo consolidando el CFE para debatir los desafíos. La secundaria, la formación, la inclusión de los que están fuera y las inequidades de este país.
#27. Gabriela Diker (Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento): en la secundaria generar condiciones curriculares e institucionales y de trabajo que habiliten no tanto aprendizaje de contenido sino experiencias de formación diversa. Un lugar donde la vinculación con el conocimiento deba ser más amplia y diversa: la ciencia, la estética, la filosófica. Debe poner en mejores condiciones para preguntarse acerca del mundo y resolver sus problemas.
#28. Diego Romero (Ministro de Educación de Tierra Del Fuego): la inclusión como el eje central. Apostar a las políticas socieducativas para la formación docente permanente y aquello que atañe a valorar el conocimiento en todas sus disciplinas. Las provincias necesitan el apoyo de políticas nacionales. Necesitamos recursos.
#29. Carmen Giuliano (Ministerio de Educación de La Pampa): una expresión de deseo, que nos permita la posibilidad de comprender, interpretar e intervenir en el mundo complejo en el que vivimos. Un trabajo colaborativo, abrir a las redes. Que la educación nos permita encontrarnos con lo no pensado. Que me corra de la zona de confort y amplíe el horizonte de lo posible. Ciudadanos críticos y responsables.
#30. Ana Pereyra (Unipe): poner el eje de las políticas en la inclusión en los aprendizajes en vez de ponerlas en la evaluación, que muestran algo que ya sabemos: la condición social de origen, las brechas geográficas, las diversidades linguísticas más la discapacidad. Hasta ahora los docentes se formaron para aulas homogéneas. Formarse con un enfoque hermenéutico reflexivo.
#31. Paulina Calderón (Ministra de Educación de San Luis): en secundario, a mediano y largo plazo, hay que pensar en los cargos docentes y lo que implica presupuestariamente. Para eso necesitamos apoyo de la Nación. Mejorar la calidad de vida y los derechos de los docentes para garantizar los derechos de los estudiantes.
#32. Silvia Almazán (Secretaria General Adjunta de Suteba): para los trabajadores organizados es central la creación y mantenimiento de los ámbitos de negociación y producción de iniciativas de derechos salariales y políticas educativas. Y ese ámbito es la paritaria nacional docente, que posibilite en cada jurisdicción también la participación protagónica de los docentes organizados. Salud laboral.
#33. Daniel Gutiérrez (Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca): desde Catamarca pensamos que este país tiene enormes asimetrías regionales y provinciales, ha sido desigual la distribución del poder político y económico. La que educa es la sociedad: una sociedad igualitaria va a traer como consecuencia una mejor calidad educativa. También hay que vincularla con el mundo del trabajo, que es lo que estamos buscando.
#34. Gabriel Brenner (Universidad Nacional de Hurlingham): en este contexto de fragmentación social un desafío es generar instancias de integración social. Que puedan aprender en la secundaria. Lo veo al Estado articulando a través de jornadas escuela, comunidad y familia e intercambio en lo académico en todos los niveles. Con espacios de trabajo y experiencias culturales, las escolares con las juveniles, infantiles y cibertecnológicas. Todo desde el CFE.
#35. Horacio Itzcovich (Unipe): la relación que se va estableciendo entre los docentes y ciertos recursos tecnológicos para la enseñanza. Como el GeoGebra para el estudio de las funciones y la geometría. No hay un recorrido en torno a lo que les ocurre a los docentes con estos nuevos medios. Debate e intercambio acerca del uso de las tecnologías, qué preguntas nos plantea, cómo se modifican algunas de las lógicas del aula cuando el insumo es como el GeoGebra, qué nuevas expectativas genera. Para acumular experiencia y sistematizar muchas experiencias. La tecnología tiene que ocupar un lugar reflexivo y novedoso.
#36. Ivonne Aquino (Ministra de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones): desde Misiones apostamos a un sistema educativo de calidad verdaderamente inclusivo y federal. Formación de los docentes para niveles y modalidades, profundizar las políticas que sean universales y no focalizadas. Formación continua, no sólo inicial, atendiendo a las particularidades de las regiones. Pensar de fondo la formación docente.
#37. Anibal Sattler (Rector Universidad Autónoma de Entre Ríos): repensar nuestras prácticas universitarias, las relaciones de nuestras instituciones con el territorio, pensarnos como parte. El territorio puede y debe ser el aula, como dice Umberto Tomasini, el aula a a la intemperie. De manera más interrelacionada con las organizaciones y movimientos sociales porque de alguna manera de ellas nos sustentamos. Trabajar mucho más cerca respetando los saberes populares que tienen igual relevancia que el saber académico.
#38. Marta Irazábal de Landó (Presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos): desde Entre Ríos apostamos a una educación inclusiva y de calidad. Tenemos que mejorar profundamente la educación secundaria y apostar a proyectos de vida de cada uno de los alumnos. Mejorar las técnicas y las agrotécnicas, además de la educación con los alumnos con discapacidad en las escuelas comunes. Con fuerte impronta federal y con recursos.
#39. Miguel Duhalde (Secretario de Educación de Ctera): hay deuda educativa. Respeto a la legitimidad de los docentes y trabajadores de la educación. Reconocer una ley de financiamiento educativa y que garantice una paritaria donde se discutan salario pero también las políticas. Propuesta pedagógica para la emancipación sin dependencia de los poderes hegemónicos en este mundo global.
#40. Cristina Storioni (Ministra de Educación de Neuquén): concertación para que la sociedad recuperare a la escuela pública. Y el instrumento es concretar la implementación correcta de una ley de financiamiento, incrementando el porcentaje actual.
#41. Axel Rivas (Universidad de San Andrés): en este momento necesita un franco acuerdo nacional y federal que ponga metas y establezca la forma de financiamiento, con una nueva ley o el plan como el de Juan Carlos Tedesco, que construya más allá de los gobiernos de turno. Que participen todos los actores, que pongan elementos en común para una cosmovisión creíble, desafiante y con viabilidad política. Que no se corte de un gobierno a otro. Garantizar el largo plazo para que los cambios sean posibles y sustentables.
Texto: Dolores Bulit.
Gráficos: Unipe, del Atlas de la Educación.
Fotos: FB de Alberto Fernández; Escuela La Cecilia; Tierra Fértil.
Excelente planteo! Es necesario mostrar la gran diversidad que se abre como alternativas al sistema oficial. No sé qué nos depara con el nuevo gobierno… preocupa el latiguillo, también presente en muchos comentarios de especialistas, de la jornada extendida, el propio Fernández lo mencionó: con docentes agobiados y edificios que se caen a pedazos, más tiempo en esas condiciones es la solución? Más allá de los consabidos deseos y deudas eternas de una escuela más equipada, un sistema mejor financiado, docentes mejor preparados, más días de clase etc. -variantes todas que seguirían acoplándose a un sistema que sigue basándose en la falta de confianza en lxs niñxs- cuánto podría enriquecer al sistema oficial ampliar la mirada hacia las propuestas alternativas.