Una madre y abogada de Bariloche presentó un proyecto de ley de emergencia educativa en la legislatura de la provincia de Río Negro, en Argentina, con el propósito de que “se levante de inmediato toda prohibición general de presencialidad educativa en Argentina”. Lo particular de este proyecto es que, además, uno de sus artículos propone que se «reglamente y profesionalice» el homeschooling en la provincia. En coordinación con el colectivo Padres Organizados, también están en tratativas con legisladores nacionales para que el «Proyecto de Emergencia Educativa y de Protección Especial de Grupos Vulnerables en Estado de Excepción» sea Ley en todo el país.
Analía Marsella se crió en Bariloche y, depués de años de formarse y vivir en otros países especializándose en derechos humanos, decidió volver a la ciudad para criar también a sus hijos. Hoy forma parte de la comunidad educativa del colegio QMark, que en mayo pasado envió una nota a la gobernadora pidiendo se revisen las prioridades y se garantice la escolaridad presencial. El 22 de mayo también realizaron un cabildo abierto que llamaron: “En democracia la educación es esencial”. Hoy funcionan varias horas al día con todos sus alumnos y alumnas gracias a que alquilaron un camping y organizaron las medidas sanitarias con ingenio y apoyo de su comunidad. Según me cuenta, decidió seguir el proyecto pedagógico de Eugenia Favret, su directora, «porque es la única que conozco en Bariloche que es joven, tiene visión y no tiene miedo». La directiva se anticipó y preparó 30 páginas demostrando cómo cumplirían el protocolo para las clases presenciales. «Trabajamos con le concepto constitucional de que lo que no está prohibido, está permitido. Si hay prohibición, debe ser expresa: cómo, qué y cuándo», detalló.
Marsella presentó en paralelo otro recurso legal, un amicus curiae, en respaldo a dos amparos anteriores que fueron rechazados por la Cámara local, que se rehusó a ejercer “control de constitucionalidad» requerido, argumentando erróneamente que se trataba de una “cuestión política no judiciable». «Es lo mismo que decían en Guantánamo cuando, con una organización de abogados de bien público de EE. U.U. trabajábamos para intentar cerrar ese centro de tortura». También lanzó en paralelo una campaña de juntada de firmas en la plataforma Change.org, donde pueden leerse ambos recursos legales completos, avalados por firmantes con experiencia en distintos ámbitos educativos, públicos y profesionales de esa región patagónica. También se piden firmas para respaldar el tratamiento de las iniciativas.
Sus argumentos principales para interponer ambos recursos legales son, en resumen: la disparidad e inequidad social de Argentina, que no puede garantizar el acceso equitativo a la escolaridad virtual para todos los N, N y A; el hecho de que las escuelas suelen ser lugares de menor incidencia de contagio en relación a otros ámbitos de la vida pública y que cerrar las escuelas y otros espacios de educación y contención no formales afecta negativamente en especial a las mujeres, principales encargadas del cuidado de personas dependientes; y la evidencia de que las familias están supliendo con sus propios recursos lo que el Estado debería garantizar con fondos públicos. También observa la particular situación de las residencias escolares rurales y denuncia las acciones meramente declarativas de los organismos que deberían velar por esos sectores vulnerables de la población.
En una videollamada, me explicó que su principal interés es construir ciudadanía, utilizando herramientas disponibles y legítimas. El fondo de la cuestión es no permitir que los poderes Legislativo y Judicial deleguen poderes extraordinarios en el Ejecutivo. «No quiero que se resuma mi posición en el pedido de presencialidad, como ocurrió en CABA. Pido guardias mínimas cuando sea necesario, pero de ninguna manera una escuela cerrada. A mí me interesa la calidad de la educación. En un estado de excepción, la escuela es tan importante como la salita de salud, porque para muchos es el primer lugar donde pueden recurrir», me explica.
De los argumentos esgrimidos, destaco estos:
«Que sería muy positivo desarrollar el máximo potencial educativo de la modalidad virtual como complementaria, siempre que se garanticen condiciones de planificación, accesibilidad, calidad y temporalidad (conectividad a Internet disponible y gratuita, acceso a un dispositivo electrónico adecuado para la finalidad pedagógica, supervisión de adulto calificado).
Que la escolaridad domiciliaria (también conocida como homeschooling) necesita ser regulada y profesionalizada, para ofrecer una alternativa más a las familias.
Que hay que revisar los protocolos sanitarios vigentes para escuelas en base a la experiencia práctica y a los conocimientos adquiridos más recientemente con respecto a la transmisibilidad del virus COVID-19, para mayor efectividad en función del objetivo de prevención sanitaria establecido y con el fin de evitar restricciones innecesarias al derecho a la Educación. Cada establecimiento educativo debe poder desarrollar su propio plan de contingencia e implementar un protocolo sanitario razonable, en base a sus circunstancias particulares, geográficas y climáticas. La Supervisión estatal debe ayudar a garantizar más y mejor educación, en mejores condiciones, en todos los casos. El Estado debe asegurar la infraestructura y equipamiento adecuado para todo el sistema educativo. ¡No se suplen las falencias de gestión pública trasladando los mayores costos a la población!».
Según se desprende de nuestra charla, Marsella elige actuar desde mucho antes de los recursos legales que hoy presenta como abogada. Como madre se involucró en las instituciones de las que formaron parte sus hijos. En todas vio fallas sistémicas, por desidia o por costumbre: bullying no mirado por los adultos, inseguridad edilicia, servicios de inspección estatal deficientes, abusos en la designación de cargos, interés comercial, elitismo, etc. Me explica que eligió redactar un proyecto operativo, no declarativo, «porque suele pasar que una norma declarativa después no se reglamenta jamás». «La educación no la ejercen solo las escuelas. Chicos y chicas quedaron obligados a la virtualidad en todo. Acá cerraron la bibliotecas, y la paradoja es que en todo el mundo ahí es donde está el acceso a Internet. Habilitar lugares para el acceso, con turnos y fines pedagógicos, por ejemplo. Hay cantidad de medidas que se podían haber implementado. Acá tenes un Estado que cuando no sabe qué hacer, lo prohíbe. Y lo segundo que hace es cobrar».
Marsella hace hincapié en otro argumento, no esgrimido en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión de discriminación de género. «Hay una incidencia directa de la maternidad en el género que implica una carga desproporcionada. En esta pandemia hay mujeres entre las y los trabajadores esenciales. ¿Cómo hacés para obligarla a las dos cosas, irse de casa y quedarse en casa para cuidar y educar?», se pregunta. Agotadas las instancias locales, la abogada desea llegar hasta las instancias superiores, como la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«La pandemia o cualquier otra situación de excepción no puede servir de excusa para vulnerar la Democracia, impedir el Desarrollo y violar Derechos Humanos, especialmente cuando los más perjudicados son los niños. Actualmente, los habitantes del territorio rionegrino se encuentran indefensos frente al accionar abusivo del Estado. Sin embargo, los afectados no pierden la esperanza de poder contar en Río Negro con un Fallo del Superior Tribunal que haga Justicia para el futuro, ofrezca un principio de reparación para los daños ya sufridos por lo más vulnerables a causa de los abusos del Poder Ejecutivo, e impida su reiteración. Si el Superior Tribunal, al igual que sus colegas, también optara por dictar una sentencia arbitraria en contra del Interés Superior del Niño, los amparistas recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», dice el comunicado que redactó y que puede verse completo en https://bit.ly/3AzNyxy.
Marsella va ampliar la información sobre las medidas judiciales en estas dos instancias:
Jueves 8 de julio, a las 18:00 en Radio Seis en Bariloche 103.1 FM (http://www.bariloche2000.com para escuchar el programa Engranaje de Leo Carrizo y Mario Sandoval).
Viernes 9 de julio a las 11:00 de la mañana: SESIÓN INFORMATIVA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS: LEY DE EMERGENCIA EDUCATIVA.
Link: https://us02web.zoom.us/j/7653214044
Zoom ID: 765 321 4044 – Contraseña: EDUCACION
Foto de portada: una de las escuelas de Bariloche firmantes del recurso legal de amicus curiae presentado en la provincia.
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