La Asociación Chilena de Educación Alternativa presentó la Iniciativa Popular de Norma «POR UNA EDUCACIÓN JUSTA E INNOVADORA», un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede proponer texto para ser incorporado en la nueva Constitución. Se necesitan al menos 15 mil firmas y la fecha límite es el próximo 1 de febrero de 2022 para ser presentadas al pleno de la Convención Constituyente en curso en ese país.
Reconocer la libertad curricular educativa a nivel constitucional es una propuesta inédita en el continente y un viejo reclamo de todas las escuelas «alternativas» o independientes del mundo: asociar el derecho a la educación al derecho efectivo a poder escoger opciones diversas. En los hechos esto no sucede porque, si bien se les permite funcionar, no pueden extender títulos oficiales. Esto genera dos cosas: que las familias sean reticentes a elegirlas y que, a su vez, a éstas les resulte muy difícil sostenerse. Así lo explican los referentes de escuelas Montessori, Waldorf, Bosque, comunidades de aprendizaje de pueblos originarios, de educación popular o libre instaladas a lo largo del territorio.
La iniciativa también plantea el derecho a recibir financiamiento público. «Al no recibir financiamiento público, los establecimientos alternativos se ven obligados a autofinanciarse a través del cobro de aranceles a las familias, lo que genera una injusticia social de tipo distributivo, ya que las familias con menores posibilidades económicas no pueden acceder a esta educación innovadora (a la que sí pueden acceder las familias de sectores socioeconómicos más acomodados», se argumenta en el texto presentado.
«Nos parece necesario que en la nueva Constitución se vincule la libertad de enseñanza – aprendizaje al derecho a la educación, a la luz del modo en que estos conceptos suelen entenderse en el derecho internacional, declarando expresamente el reconocimiento y promoción de la diversidad curricular. El derecho a la educación comprende los derechos ciudadanos a la libertad de enseñanza, de aprendizajes, de investigación, de cátedra, de pensamiento y creencias, entre otras libertades, y el procedimiento de reconocimiento oficial que se establezca debe respetar la voluntad e iniciativa ciudadana expresada en proyectos educativos, sin perjuicio, naturalmente, de los requisitos de seriedad, fundamentación, y en armonía con la ética y las buenas costumbres. A nuestro juicio, esto se puede lograr incorporando en la Constitución la promoción de la diversidad curricular», detallan.
En algunos países del mundo, el derecho a al educación entendido de esa forma permite que existan escuelas independientes o libres que otorgan certificación oficial, incluso que esté permitida la educación sin escuela -también conocida como homeschooling/unschooling-, con derecho igualitario a los exámenes de acceso a los niveles formales superiores a los que cada persona quisiera aspirar.
Esta iniciativa popular, entonces, promueve que se incorporen a la sección de Derechos Fundamentales de la futura Constitución Nacional los siguientes artículos:
1 Toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita en todos sus niveles, y el acceso a los estudios superiores debe ser equitativo.
2 El Estado debe asegurar que las familias puedan escoger el tipo de educación que más las identifique.
3 Todo establecimiento educacional cuyo proyecto educativo esté bien fundamentado y no contravenga la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional debe ser reconocido por el Estado. No podrá negarse a ningún establecimiento con estas características el derecho a certificar estudios ni el derecho a recibir financiamiento público.
4 Ninguna ley podrá imponer un único marco curricular como requisito para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.
Felipe Espinoza Rojas, miembro de una de las escuelas impulsoras y de la Asociación, me explicó que estas iniciativas populares tienen la misma validez que si fueran propuestas por un convencional, es decir, pasan a ser votadas directamente en la Convención Constituyente. «Para ser aprobada necesita, como cualquier iniciativa, dos tercios del pleno. Por lo tanto, es un camino largo, difícil, pero no podemos decir que no participamos. Nos queda conversar y converger con otras organizaciones para conseguir apoyo, y en el caso de que no se pueda presentar al pleno, articularlo a través de un convencional directamente. Tenemos algunas opciones, necesitamos alguien que nos apoye en esta iniciativa. Ése es el momento en que estamos».
La iniciativa lleva el número 36.134 y puede ser firmada por personas y organizaciones chilenas hasta el 1 de febrero. Quienes vivimos afuera podemos contribuir con activismo, difundiéndola. Para leerla completa, incluidas sus argumentaciones, ingresar a: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=36134&fbclid=IwAR0RBAdC2Rjg3Z6MrsFRFfzmAcK0_KP7lCjQXWbAxD9dktJ5_5HjYg9D9lA
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