En los últimos meses, la educación en casa se volvió un tema público en Uruguay. Es a raíz del juicio que la autoridad educativa, la ANEP, les inició a las familias de niños que no asisten a centros educativos públicos ni privados y son parte de una comunidad menonita del departamento de Florida, llegados al país desde los Estados Unidos.
El programa radial “En perspectiva” le dio amplia cobertura a la noticia, convocando a las distintas posiciones: la presidenta del Concejo que dirige la ANEP, Virginia Cáceres, y a una madre y activista homeschooler, Eloísa Troya, que acompaña familias y es miembro en el país de GHEX, una comunidad internacional de apoyo a esta opción educativa autorizada en varios países del mundo.
El tema ha generado revuelo y amplia participación cuando los medios lo tratan, en muchos casos, con amplio apoyo de la audiencia a la opción de educar en casa. “La verdad agradezco a la radio haber puesto este tema sobre la mesa. Eleva mucho el nivel de la discusión, porque se estuvo haciendo una campaña de terrorismo contra familias que están siendo discriminadas por ejercer su libertad. Excelente la señora por ilustrarnos sobre este tema tabú en Uruguay”, escribió una oyente de radio.
En contra
En Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se ocupa de la escolaridad primaria y secundaria. Está dirigida por un Concejo de 5 miembros (el CODICEN), electos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y representantes de los docentes. Virginia Cáceres es la presidenta actual y votó a favor de la judicialización junto a otros tres. El único en contra fue el Concejero Juan Gabito, que cree que el derecho a la educación no está vulnerado porque, dice, esos niños, aunque de otra manera, están siendo educados.
“La Constitución Nacional dice que la educación es obligatoria, la ley gral de educación que es un derecho humano fundamental y que es deber de los padres o tutores asegurar la concurrencia de los hijos a los centros educativos (escuelas), al igual que el Código de la niñez y la adolescencia y la convención de los derechos del niño y el adolescente, ratificada por nuestro país. Desde la mirada de la protección que contiene ese conjunto de normativa tomamos la decisión de judicializar. Porque si bien el artículo 68 otorga libertad de enseñanza y el derecho de padres o tutores a elegir los maestros e instituciones que desee, si utilizamos el criterio de la literalidad absoluta podríamos decir que queremos elegir la maestra para nuestro hijo, y eso es muy complejo. Por otra parte, hay que analizar el contexto en el que la Constitución fue redactada, para regular la libertad de cátedra y garantizar que el Estado no tuviera el monopolio de la educación. Ahora, el mundo pasó por un cambio de paradigma que implicó la actualización de algunas de las normas, y hay que sopesar cuál de esos derechos pesa más, si el de los padres o el de los niños como nuevos sujetos de derechos”, argumentó Cáceres.
La funcionaria dijo estar dispuesta a debatir si la sociedad necesita aclarar el tema, pero que en su caso estaría a favor de prohibir esa opción en Uruguay.
Leyes y derechos en cuestión
En el primer programa donde trataron la noticia, un panel integrado por abogados y un especialista internacional defendieron por mayoría la opción de eudcar en casa o, al menos, la pertinencia de dar el debate y escuchar a todas las partes involucradas. Transcribo algunas partes porque clarifican los matices de un debate que la autoridad educativa parece dar por cerrado.
“Esto nos pone luces amarillas. El homeschool tiene más de 5 millones de adeptos en el mundo y es un movimiento que sigue creciendo. Tenemos que empezar a pensar dos veces el tipo de juicio que ejercemos sobre esto, porque los chicos están siendo educados. Además, estas cosas sucedieron más allá de los menonitas. En 2014 un matromonio se acercó a la ANEP porque quería educar en su casa, pero no los dejaron y la ANEP tuvo una actitud muy fea. En Balizas también lo plantearon una vez y se los negaron, así que alquilaron una casa entre todos y armaron un colegio comunitario. Esas cosas existen. Las leyes corren detrás de las realidades, y esa realidad está cambiando”, opinó el analista internacional Gustavo Calvo.
Alejandro Abal es abogado y fue decano en la Universidad de la República. Dijo que, si bien la ley garantiza a los padres la posibilidad de elegir, en la práctica ese derecho lo puede ejercer muy poca gente. “Vos, yo, nosotros podemos elegir sin problemas una escuela, de hecho yo elegí escuelas públicas y privadas para mis hijos. Pero la mayoría no puede elegir; entonces, no se cumple empíricamente la norma. Yo ya propuse hacer un “FONASA” de la Educación, como se hace en Salud, para que se financie a los padres y puedan enviar a sus hijos a donde quieran”, argumentó.
También subrayó que la reciente Ley de Urgente Consideración (LUC), votada en un referéndum popular, derogó la parte del artículo 7 de la Ley de Educación que decía que padres o tutores tienen la obligación de inscribir a sus hijos en escuelas, ya sea estatales o privadas. “A uno le da la sensación de que lo que dijo Gabito es bastante razonable. La obligación es dar educación a sus hijos”.
Por su parte, la abogada María Josefina Plá cree opinó que “hay temas más prioritairos en la sociedad, en infancia y en educación, para estar discutiendo esto y judicializarlo. Si hay 11 niños o más durmiendo en calle, eso me importa más. Además, creo que otro de los temas discutidos, el de la socialización, se puede cumplir de muchas maneras, no sólo en la escuela”.
A favor
Eloisa Troya tiene dos hijos ya mayores de edad, una de las cuales se educó fuera de la escuela. Su defensa de esta opción nació espontáneamente, por necesidad y solidaridad: no quiere que ninguna familia tenga que volver a pasar por lo que pasó ella. En estos años ha ido aprendiendo sobre argumentos legales en Uruguay y otros países para promovcer la libertad educativa, reuniéndose con otros miembros de GHEX, visitando autoridades educativas caso por caso y armando un equipo con tres abogados para cuando es necesario defenderse en los tribunales. Es respresentante de «Unidad y acción internacional», una asociación civil inscripta en Espña que le da marco a su trabajo.
Cree que no hace falta promover una ley que regule la educación en casa, porque tanto las leyes uruguayas como los tratados internacionales aclaran que los padres tienen derecho preferente a elegir la educación de sus hijos, incluso en formatos que nos son los ofrecidos por los sistemas públicos del Estado. Prefiere, en cambio, lograr que se incorpore un protocolo administrativo para que los niños sean dados de alta y pasen a ser alumnos libres cuando la familia lo solicite.
Troya denuncia una caza de brujas de familias homeschoolers, aunque sea evidente que su derecho a la educación no está vulnerado. También cree que, en este tema, las autoridades podrían estar atravesadas por lineamientos políticos. Mientras el partido Nacional (gobernante y quien empujó la LUC) se perfila a favor, la oposición parece resistir el concepto.
Además, el caso de la comunidad menonita que está en conflicto con la ANEP reflotó el argumento de la educación laica. Mientras Cáceres asegura que la restitución que quieren lograr con la judicialización de las familias logra que la religión no interfiera con el acceso al derecho a la educación, Troya contraargumenta que las familias que aunque en este caso se trata de un grupo protestante, las que eligen el homeschool son estadísticamente de corte humanista, ateas, en cualquier país del mundo. “Hoy lo buscan más que nada por el bullying y la violencia en las escuelas”, le explica a AlterEdu.
Troya cree que la discusión que hay que dar es de fondo. “Hay que comenzar a revelar cuál es el balance entre los derechos de los padres y los derechos de los hijos. Porque como según las nuevas normas procesales el niño está pensado como sujeto de derecho, pareciera ser que es una pieza suelta. Por eso yo insisto en que hay que volver a hablar del derecho natural y los derechos fundamentales. Aunque sea obvio que el derecho positivo existe para regularlos, creo que nuestros hijos tienen derecho a que seamos sus padres quienes elijamos. Y que el derecho a su educación es intransferible”, subraya.
También cree que hay que clarificar que no es una batalla contra los docentes. Que son aliados de todas las opcones educaivas, incluso ésta. Y que hay que subrayar que nadie pide que el homeschool sea una política obligatoria ni masiva, porque de hecho no es para todos. Pero que la persecución legal de familias que aman y se ocupan de educar a sus hijos, es un mensaje peligroso para la sociedad.
Derecho natural
“En los últimos años se ha planteado, en Uruguay y en muchos países, un antiguo debate: ¿quién debe decidir la orientación de la educación de los menores: los padres o el Estado?”. La frase abre el capítulo sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza del libro “COMPENDIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. La libertad en español” (Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2021). Está firmado por Nicolás Etcheverry Estrázulas (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo), Eduardo Esteva Gallicchio (Presidente de la Sección Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional), Sofía Mauri Aramand Ugón (Profesora de la Universidad de Montevideo) y Diego Velasco Suárez (Profesor de Introducción al Derecho Natural de la Universidad de Montevideo).
“Como los padres son quienes tienen la relación más íntima, más personal, más permanente con su hijo, son quienes, en principio (por la relación natural existente entre ambos), están más interesados en su felicidad. Como la finalidad de los cuidados y de la educación es esta felicidad, los padres son quienes naturalmente más interesados están en la educación del niño, quienes más lo conocen y más inclinados están a elegir su bien. Naturalmente (según la naturaleza humana, que incluye la racionalidad y la libertad, por lo que es posible que, en los hechos, haya quienes no cumplan con esta regla natural), los padres son quienes más quieren el bien de sus hijos: siempre serán sus hijos, en su felicidad encuentran ellos su felicidad. Por eso, todo niño tiene derecho a que sean quienes más quieren su felicidad quienes dirijan su educación, quienes lo ayuden a encontrar su felicidad. Esta relación natural es fuente justicante de un deber natural ético y jurídico”, describen en la introducción.
Este libro es parte del andamiaje legal que Troya recomienda para posicionar el debate más profundo acerca de la educación en casa en Uruguay.
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